La empresa Aenza, antes conocida como Graña y Montero, anunció el inicio de acciones legales contra tres de sus exdirectivos involucrados en los casos Club de la Construcción y Lava Jato: José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker.
Se trata de un paso simbólico y jurídico para la compañía que, más de una década después del estallido del escándalo de corrupción, busca marcar distancia de su pasado y reafirmar su compromiso con la transparencia.
El giro de página de una vieja marca
La decisión del directorio de Aenza busca consolidar un proceso de renovación iniciado tras la profunda crisis reputacional y financiera que vivió la otrora gigante de la construcción peruana.
La empresa, rebautizada en 2021, fue durante décadas una de las principales contratistas del Estado, hasta que el caso Lava Jato reveló la participación de sus altos mandos en concertaciones ilícitas de obras públicas junto a Odebrecht y otras constructoras locales.
Los dos principales involucrados, José y Hernando Graña, admitieron responsabilidades ante la justicia peruana, en tanto que Alvarado Pflucker, ex CEO de la firma, continúa enfrentando procesos judiciales en el país y el extranjero.
Según el comunicado de la empresa, los actos de los exdirectivos fueron “deliberados y calculados para instrumentalizar la compañía”, ejecutados “a espaldas de los órganos de gobierno y de todos los que formaban parte de la empresa”.
Daños profundos y nuevo control corporativo
La corrupción tuvo un alto costo. Aenza reconoce pérdidas por la cancelación de contratos, miles de empleos y una crisis de confianza que afectó a más de 7.000 familias vinculadas a la empresa.
Como consecuencia, la firma debió pagar una reparación civil y cumplir un periodo de inhabilitación para contratar con el Estado, medidas derivadas de los acuerdos judiciales alcanzados.
Hoy, sin embargo, Aenza busca consolidarse como una empresa “transformada”.
Ya no cuenta con un accionista controlador, y sus principales dueños son las AFP peruanas, que en conjunto poseen el 43,8% del capital, seguidas por el fondo internacional IG4 Capital con 27,8%.
Tanto la estructura de gobierno como el equipo ejecutivo han sido renovados, y la compañía afirma operar bajo un sistema de gestión antisoborno certificado por la norma ISO 37001, que somete sus procesos a auditorías externas.
Un intento de redención
Aenza sostiene que sus acciones legales buscan restituir la confianza perdida y enviar “una señal clara en contra de la corrupción”.
En la práctica, el anuncio se interpreta también como un esfuerzo por reafirmar la independencia del nuevo management frente al legado de la familia Graña, que por décadas fue sinónimo de poder económico y político en el sector construcción.
El desafío de fondo será reconstruir la credibilidad de una marca que, pese al cambio de nombre, sigue asociada en la memoria pública a uno de los mayores casos de corrupción de la historia peruana.
Con este movimiento, Aenza busca cerrar la última página del caso Lava Jato —aunque el juicio social, más lento que el judicial, todavía no haya terminado.