Acusan a “Primero la Gente” de usar firmas falsas para inscribirse en el JNE

La exministra Marisol Pérez Tello, quien sería la candidata presidencial de la agrupación, aseguró que denunciará a los responsables si se demuestra que hubo falsificación.

por Edgar Mandujano

Una investigación periodística reveló que el partido político Primero la Gente habría presentado más de 4,000 firmas falsificadas para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el programa Punto Final, estas firmas fueron generadas por una presunta “fábrica de afiliaciones”, que utilizó información del Reniec para llenar fichas con datos y rúbricas apócrifas. La denuncia involucra a operadores que aseguran haber sido contratados directamente por representantes del partido.

El programa accedió a 6,000 fichas usadas por el grupo falsificador, de las cuales 4,039 coinciden con afiliados inscritos en el JNE como parte de Primero la Gente. Varios ciudadanos consultados por el medio negaron haber firmado o autorizado su adhesión al partido. El operador anónimo explicó que cobraban alrededor de seis soles por ficha completa, monto que incluía el acceso a datos personales, la falsificación de firmas y la entrega del expediente.

Frente a estas acusaciones, el personero legal del partido, Marco Zevallos, negó que existan irregularidades, argumentando que todas las fichas fueron validadas por Reniec. Por su parte, el apoderado legal, Miguel del Castillo, rechazó cualquier vínculo con una red de firmas falsas. No obstante, el informante detalló incluso las direcciones de locales donde —según él— se gestionaban las operaciones, incluyendo domicilios vinculados a ambos abogados.

La exministra Marisol Pérez Tello, quien sería la candidata presidencial de la agrupación, aseguró que denunciará a los responsables si se demuestra que hubo falsificación. “Si alguno de ellos lo ha hecho, lo voy a denunciar”, afirmó. Mientras tanto, Reniec aclaró que no es su función verificar la autenticidad de las firmas, sino del Poder Judicial y el Ministerio Público, que deberán determinar si el caso amerita sanciones penales y compromete la legalidad del partido.

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