El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, respondió a las críticas por la presunta designación de militantes del partido Alianza Para el Progreso (APP) en cargos públicos dentro de instituciones estatales. Durante un pronunciamiento ante los medios, Acuña sostuvo que estas acusaciones carecen de sustento y buscan desacreditar su gestión.
Acuña defendió el derecho de los ciudadanos a participar en política sin que eso los inhabilite para ejercer cargos públicos. “Nuestro partido tiene más de 500 mil afiliados, no se puede cuestionar a alguien solo por militar en una agrupación política. Todos tienen derecho a trabajar”, señaló.
Asimismo, enfatizó que el desempeño de los funcionarios debe evaluarse por sus resultados, y no por su afiliación política. Con ello, rechazó las insinuaciones de clientelismo político en su gestión regional.
El rol del Gobierno central en los nombramientos
Al ser consultado sobre el proceso de designaciones en entidades estatales, Acuña fue enfático en señalar que la responsabilidad última recae en el Poder Ejecutivo. En ese sentido, afirmó que la presidenta Dina Boluarte es quien debe responder por los nombramientos realizados en distintas dependencias.
Con esta declaración, el líder de APP marcó distancia frente a decisiones tomadas por el Ejecutivo y apuntó a una distribución de responsabilidades más clara entre los distintos niveles del Estado. Esta postura también se interpreta como un intento por limitar los costos políticos para su agrupación frente a las críticas públicas.
Manejo del presupuesto y planillas bajo la lupa
En relación con las acusaciones sobre un presunto uso excesivo del presupuesto regional para planillas, el gobernador negó tajantemente que el 60 % de los recursos se destinen a ese fin.
Acuña explicó que los proyectos regionales se ejecutan en función del presupuesto aprobado por el Gobierno central y que su gestión actúa dentro del marco legal y técnico establecido.
“Nosotros priorizamos obras en función de la disponibilidad presupuestal y de los expedientes técnicos aprobados. No es cierto que la mayoría del dinero se va a sueldos”, remarcó.
Además, reconoció que existen deficiencias, sobre todo en el sector salud, pero las atribuyó a problemas estructurales y a la insuficiencia de recursos asignados. Según dijo, muchas de las limitaciones no dependen directamente del gobierno regional.
Duro cruce con el alcalde de Pataz
Uno de los momentos más tensos del pronunciamiento fue la respuesta directa al alcalde provincial de Pataz, quien había calificado a Acuña como “miserable” por supuestamente no atender las necesidades de infraestructura en su jurisdicción.
Acuña no solo rechazó los calificativos, sino que acusó al alcalde de politizar las demandas de su población, desviando el foco de las verdaderas dificultades que enfrenta la región.
“El miserable es él, por hacer política con las necesidades de su pueblo”, afirmó Acuña con tono firme.
El gobernador explicó que las obras requieren de expedientes técnicos, usualmente elaborados por consultoras externas, y que la ejecución depende de la asignación presupuestal del Gobierno central. Recalcó que su rol como autoridad regional tiene límites, y que no puede comprometer recursos que no han sido oficialmente aprobados.
Llamado a la responsabilidad y al trabajo conjunto
Pese al tono confrontacional, Acuña cerró su pronunciamiento con un llamado al trabajo coordinado entre autoridades locales, regionales y nacionales. Dijo que, más allá de los ataques personales, lo importante es garantizar que las obras y servicios lleguen a la población.
“No podemos seguir con esta politiquería. La gente necesita resultados, no enfrentamientos”, expresó el líder regional.
También pidió a los alcaldes provinciales y distritales que presenten expedientes bien elaborados para facilitar la gestión de recursos y acelerar la ejecución de obras. “Sin expediente no hay obra. Esa es la realidad”, concluyó.
Un contexto político complejo para APP
Las declaraciones de Acuña se producen en un contexto de alta sensibilidad política para Alianza Para el Progreso, partido que ha sido objeto de críticas por su presunta injerencia en nombramientos estatales y su cercanía con sectores del Ejecutivo.
Estas tensiones internas también reflejan las divisiones entre autoridades regionales y locales, especialmente en regiones como La Libertad, donde la población exige mayor celeridad en las obras de infraestructura, salud y educación.
El cruce con el alcalde de Pataz no solo evidencia un conflicto puntual, sino también la fragilidad del consenso político en una región marcada por históricas carencias estructurales.
César Acuña se defendió con firmeza ante los cuestionamientos, apelando tanto a argumentos legales como técnicos. No obstante, las críticas a su gestión y al partido APP siguen presentes, sobre todo en zonas alejadas como la provincia de Pataz.
Queda por ver si este nuevo episodio político impactará en su liderazgo regional o en la proyección nacional de su partido de cara a los próximos comicios. Por ahora, el gobernador insiste en que la responsabilidad final de las designaciones recae en la presidenta Boluarte, deslindando su gestión de posibles favoritismos.