Rafael López Aliaga quiere quedarse con Machu Picchu cinco años más. El alcalde de Lima —y potencial candidato presidencial— solicitó una extensión del contrato de concesión del hotel Belmond Sanctuary Lodge, alegando pérdidas por la pandemia. El detalle: es el mismo alcalde que rechaza arbitrajes internacionales cuando no le convienen. Ahora, inicia uno. La pelota está en la cancha de la Municipalidad del Cusco.
Mientras tanto, el gobierno adelantó la convocatoria electoral al 12 de abril del 2026. El anuncio llega justo cuando la Fiscalía recibe declaraciones explosivas de Patricia Murillo, exasesora de Dina Boluarte. Entre iClouds, favores estéticos y nombramientos a la carta, la agenda cambia y el Ejecutivo respira.
Pero la sorpresa mayor viene desde la clandestinidad: Vladimir Cerrón ha quedado habilitado para postular. Dos sentencias anuladas —una por el TC y otra por la Suprema de César San Martín— limpian su expediente, aunque sigue con orden de captura por el caso “Los Dinámicos del Centro”.
Como si no bastara, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, abrió investigación contra Fuerza Popular y el partido de Carlos Álvarez, tras denuncias ciudadanas. ¿La razón? Supuestas prácticas antidemocráticas. La fiscalía, otra vez, como actor político en la campaña.
Y mientras se discute quién puede o no postular, el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz, promete resultados en un mes. Pero carga con procesos por compras irregulares en pandemia y un perfil más académico que operativo.
El tablero del 2026 ya está en juego. Solo que esta vez, el árbitro también quiere ser jugador.
