El nuevo episodio de TresxSiete arrancó con un llamado a la responsabilidad financiera, pero rápidamente giró hacia la situación de la presidenta Dina Boluarte. Su mayor enemiga parece haber sido Patricia Muriano, su antigua aliada, quien ahora se perfila como una pieza clave en la investigación sobre las intervenciones estéticas de la mandataria. Se abre la posibilidad de un caso de tráfico de influencias, donde beneficios personales habrían sido canjeados por puestos estratégicos en el Estado. La inestabilidad política se agrava y el panorama legal para Boluarte se oscurece.
Mientras tanto, el Congreso ha iniciado su periodo con fuerza, ignorando la impopularidad de sus decisiones. Esta semana, el Parlamento aprobó la inhabilitación de Salvador del Solar, Rubén Vargas y otros políticos, y avanzó con una ley que regula las ONG, desatando un nuevo frente de críticas. Además, se reabre el caso Odebrecht con una nueva comisión investigadora que apunta a examinar el acuerdo de colaboración eficaz, poniendo bajo la lupa a fiscales y procuradores clave.
Por otro lado, el juicio a Pedro Castillo sigue su curso con declaraciones explosivas. Testimonios indican que el expresidente sí ordenó el cierre del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación. La defensa de Castillo, apoyada por figuras como Roger Waters, intenta minimizar el hecho, pero las pruebas en su contra se acumulan.
Finalmente, la prensa peruana atraviesa una nueva etapa de amenazas y restricciones. En la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue señalado como el principal agresor del periodismo. Paralelamente, la disputa entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima escaló hasta el CIADI, lo que podría costarle al Estado millones de dólares en indemnizaciones.
