Por: LUIS MIGUEL IGLESIAS LEÓN
Los peruanos hemos sido testigos de nuevas protestas sociales violentas que han asolado el centro de Lima, convirtiéndolo prácticamente en una zona de guerra. Protestas que en esta oportunidad han sido encabezadas no por gremios tradicionalmente radicales, sino por jóvenes de la denominada “Generación Z”, de manera similar a cómo se vienen presentando en países como Indonesia, Marruecos, Madagascar, Paraguay o Nepal.
La “Generación Z”, o “zoomers”, está constituida por jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 que han crecido junto con el Internet, en un entorno marcado por celulares y redes sociales, desarrollando gracias a ello nuevas formas de lenguaje, comunicación e interacción social distintas a las que brinda la educación tradicional y que marcan sus expectativas personales y laborales, así como su visión más global del mundo.
Al respecto, si bien la cultura digital de la llamada “Generación Z” o “zoomers” los lleva a mostrarse más críticos frente a la clase política tradicional y a rechazar con severidad la corrupción institucional, resulta preocupante que ese espíritu contestatario no siempre vaya acompañado de una comprensión clara de los límites democráticos. La violencia –expresada en atentados contra edificios públicos y privados, la destrucción de bienes, la agresión a personas o el enfrentamiento con las fuerzas del orden– no puede ni debe considerarse una forma legítima de expresión o de protesta, sino una abierta transgresión del orden jurídico que afecta los derechos de toda la sociedad.
Lamentablemente, desde esta perspectiva, las expresiones de la llamada “Generación Z” han sido asimiladas o confundidas con las acciones de grupos radicales que buscan desestabilizar la democracia y sembrar el caos social. No deben dejarse arrastrar ni instrumentalizar por intereses ideológicos que pretenden entorpecer la vida democrática del país, son jóvenes con aspiraciones y legítimos anhelos de tener una oportunidad en la vida, de querer lo mejor para su país.
La protesta, cuando se ejerce dentro del marco de la ley, es un derecho y una expresión legítima de participación ciudadana. Pero cuando se convierte en violencia, agresión o destrucción, pierde toda legitimidad y pasa a ser un delito que debe ser identificado, separado y sancionado con el rigor que establece la justicia. Por ello, los jóvenes de esta generación deben desmarcarse de las infiltraciones violentas que buscan desnaturalizar sus causas, y contribuir, con su ejemplo, a fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho. Particular mención, merece la intervención del alcalde de Pataz, quien inició una marcha de sacrificio hacia Lima proyectando una reivindicación local y ensayando una nueva línea o postura política nacional.
Pese a los intentos de mantener una protesta pacífica, el alcalde fundamentó su mensaje en la defensa de los valores éticos, el respeto y el rechazo a la violencia. Ya en Lima, aprovechó la llegada de un nuevo presidente en el timón del gobierno para acordar la instalación de una mesa de trabajo que atienda las demandas locales de su provincia. Sin embargo, su iniciativa fue rechazada por los organizadores de la protesta “Z”, quedando fuera del escenario.
Tal como lo recogen diversos convenios internacionales, la legitimidad del derecho a la protesta en una democracia no reside tanto en la legitimidad de las demandas que se pueden expresar, como en el carácter pacífico que debe tener el ejercicio de ese derecho y deberá manifestarse dentro de los cauces democráticos y de la institucionalidad, respetando las normas que garantizan la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas. Afectar bienes públicos o privados, el orden público o los derechos fundamentales de las demás personas, hace que pierdan dicha legitimidad, dejando de ser expresión de un derecho constitucionalmente reconocido para convertirse en violencia social pura e innecesaria.
La democracia no se defiende destruyendo, se fortalece participando, dialogando y exigiendo cambios dentro del marco de la ley.
