Martín Vizcarra ya está sentado en el banquillo de los acusados. No ha sido fácil que, cuatro años después de la delación de sus cómplices del “Club de la Construcción”, el expresidente responda a la justicia por los graves cargos de corrupción que se le imputan. En los últimos ocho años Vizcarra se ha dado maña para evadir olímpicamente investigaciones tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Solo el Congreso lo ha sancionado políticamente inhabilitándolo dos veces para ejercer cualquier cargo público. Diez años por vacunarse clandestina e ilícitamente y cinco años por su descubierto conflicto de intereses cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones sin haber renunciado a su condición de socio de su empresa constructora familiar. En las investigaciones penales abiertas en su contra, el comentario recurrente ha sido: “Por mucho menos, otros están presos”. Su estela de impunidad empezó antes de que llegara a Lima a debutar en las ligas mayores de la política nacional. Y continuó vía TikTok en estos tiempos pospandémicos.

CADENA DE BLINDAJE E IMPUNIDAD

Mientras fue gobernador de Moquegua, Vizcarra logró neutralizar o enterrar todas las denuncias que sus detractores o excómplices llegaron a formalizar en la fiscalía por una serie de tropelías perpetradas en los cuatro años de su gestión (2011-2014). No solo logró archivar las denuncias o carpetas fiscales sobre el proyecto Lomas de Ilo o la ampliación del hospital de Moquegua. También fue muy exitoso en venderse como un gobernador eficiente, trabajador e íntegro. Incluso le otorgaron las Palmas Magisteriales por, supuestamente, haber mejorado la calidad en la educación pública de su región. Vizcarra terminó su gobierno regional inmune e intachable, con un capital político que le aseguraba una incursión prometedora en la política nacional. Le sirvió para negociar al mejor postor en las elecciones de 2016. Primero se acercó al fujimorismo pidiendo integrar la plancha presidencial, pero Keiko Fujimori solo le ofreció el número uno en la lista de candidatos al congreso por Moquegua. Entonces viró a PPK y terminó convenciendo al entorno de Kuczynski de ser candidato a la primera vicepresidencia, desembarcando a Mercedes Aráoz, a quien el mismo candidato presidencial le había asegurado esa posición visitándola en México. Cuánto se arrepentiría PPK.

Cuando Vizcarra fue presentado como el candidato a la primera vicepresidencia, hubo algunos periodistas de investigación que hurgaron en su pasado moqueguano y dieron con los expedientes sobreseídos, archivados o enterrados. Pero, Vizcarra respondió como siempre suele hacerlo. Que era invención maledicente de sus enemigos políticos. Que todo estaba archivado. Que las autoridades son pasibles de denuncias embusteras que terminan desestimándose en la fiscalía.

El periodista Eduardo García, de la Unidad de Investigación de América Noticias, no creyó en sus respuestas de manual. Viajó a Moquegua e Ilo tras los rastros de las denuncias. Logró reconstruir, con testimonios, expedientes y documentos, no solo los dos casos que hoy lo han cercado judicialmente. Había más denuncias documentadas. Desde un gasto desprolijo, en la administración de un barco pesquero incautado al cártel del Chapo Guzmán, hasta apropiación de ropa donada para damnificados del sismo de Moquegua.

Pero, en ese verano de 2016, la pesquisa del periodista García no llegó a publicarse ni en Cuarto Poder ni en ningún programa periodístico de América o Canal N. La editora general de noticias, la periodista colombiana Clara Elvira Ospina Garzón, consideró que eran un “refrito” las denuncias contra el candidato a la primera vicepresidencia del partido que iba a disputar la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Después, armaría la “operación DEA” para imputarle a la candidata de Fuerza Popular supuestamente haber lavado 15 millones de dólares para su campaña electoral a través de Joaquín Ramírez que, según sus fuentes, en ese momento era un investigado de la agencia federal estadounidense antidrogas, DEA por sus siglas en inglés. De ese supuesto lavado millonario no presentó prueba alguna. Hasta el día de hoy no aparecen las pruebas que hubieran justificado la emisión del reportaje. Quedó claro que la mandamás periodística del canal de televisión más importante del país tenía una agenda política clara, como su nombre.

Cuando el cuestionado exgobernador llegó a la presidencia, traicionando a Kuczynski en pacto con el fujimorismo, la periodista colombiana mantuvo una línea editorial coherente con su decisión de campaña. Los espacios periodísticos que ella dirigía fueron, para todo efecto práctico, la vanguardia de la prensa oficialista del vizcarrismo. La escena cumbre fue el despido del conductor de Cuarto Poder, Augusto Thorndike, quien se atrevió a hacerle una entrevista incisiva a Vizcarra por el escandaloso contrato en Minedu del cantante Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”. Thorndike terminó la entrevista diciéndole a Vizcarra que podía terminar en “Canadá” en alusión a la cana, como se dice cárcel en el argot popular.

Si de algo puede jactarse el expresidente Vizcarra es que tuvo a varios medios y no pocos periodistas que lo defendieron obstinadamente y lo blindaron consistentemente durante los 30 meses que pasó por Palacio de Gobierno. Unos quizá por su declarado antifujimorismo. Otras, como la abogada que usurpa el oficio periodístico, la que sostuvo que Vizcarra no se había vacunado clandestinamente sino que era un valiente voluntario de un ensayo clínico en fase 3, porque simplemente suelen acomodarse con el poder político de turno. Nunca entendieron de qué va el periodismo a pesar que dicen ejercerlo hace dos décadas haciendo entrevistas, escribiendo columnas semanales o grabando monólogos diarios desde la comodidad de su casa.

En realidad, no son periodistas. Su oficio real, el que más engorda sus cuentas bancarias, es el media training, o sea entrenar a los voceros de empresas en problemas o políticos sin escrúpulos, incluso para debates. Y, en sus ratos libres, dicen que ejercen el periodismo. Son tan sinvergüenzas que –aunque traicionan escandalosamente al oficio periodístico enseñando a los voceros de empresas envueltas en escándalos de todo tipo a evadir las preguntas de los verdaderos periodistas o cómo responder sin decir nada– pontifican desde sus cuentas en redes sociales, que tienen millones de seguidores y miles de bloqueados, sobre ética periodística. Son las vizcarras del periodismo.

LA HORA DE LA VERDAD

Contra todo pronóstico y, a pesar de la evidente y tozuda maniobra dilatoria de su abogado Erwin Siccha –para evitar el inicio del juicio oral, el colegiado de tres jueces que juzga a Martín Vizcarra no aceptó la serie de recursos que puso e interpuso, a través de su defensa, para impedir el inicio del fin. Simplemente comenzó la última etapa de juzgamiento contra el cuarto presidente acusado de los delitos de cohecho (soborno) y colusión (ponerse de acuerdo para defraudar al Estado). En este caso, a Vizcarra se le imputa haber recibido S/ 2.3 millones de coima para entregar dos cuestionadas obras a dos consorcios integrados por empresas socias del corrupto “Club de la Construcción”.

Este caso, que investigó por mucho tiempo el fiscal Germán Juárez Atoche, tiene la carpeta nutrida: contiene 179 elementos de convicción, 33 testigos, 142 documentos de prueba y 4 pericias oficiales. Inusualmente tiene a un solo imputado, Martín Vizcarra Cornejo, y a seis cómplices que se han acogido a la colaboración eficaz. Uno de ellos, José Hernández, entregó sus dos teléfonos celulares y contó toda la verdad. Él ya tiene una sentencia emitida por la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que lo ha premiado con una pena menor como intermediario de los sobornos. Hernández probó su añeja y consistente amistad con Vizcarra con mensajes navideños y hasta con bromas machistas sobrevivientes en sus chats de WhatsApp. En el año de las coimas, en 2013, ambos intercambiaron 156 llamadas. Al año siguiente, 95. Si esa sentencia ha demostrado que Hernández, el cómplice, cometió delito, queda meridianamente claro que el autor, o sea Vizcarra, también lo cometió. Otros cómplices acogidos a colaboración eficaz, como los empresarios Fernando Castillo Dibós, Elard Tejeda o gerentes de ambos consorcios, entre los que están Rafael Granados, Javier Jordán o Jorge Iturrizaga, también aportaron no solo sus testimonios incriminatorios, sino las pruebas de cómo hacían para obtener efectivo, guardarlo y entregarlo al sobornado Vizcarra a través de Hernández en un caso, o recogido directamente por él, en otras oportunidades.

Es, quizá, el único caso investigado por el Equipo Especial Lava Jato que tiene factura por una coima adelantada en especie (contratar un avión privado para llevar y regresar a una delegación boliviana de Lima a Ilo) al imputado. La irrefutable prueba se produjo cuando Vizcarra le solicitó el viaje al consorcio Obrainsa-Astaldi el 2 de diciembre de 2013, que había ganado la buena pro para la construcción del proyecto de irrigación Lomas de Ilo pero todavía no había firmado el contrato. Toda la operación ha quedado por escrito en varios correos electrónicos intercambiados por Vizcarra con Elard Tejeda y su secretaria Ana María Ellen Vela de la empresa Obrainsa. También está la factura por S/ 35 985 de Aerotransporte S.A (ATSA), que alquiló el avión, y la relación de pasajeros enviada por el mismo Martín Vizcarra desde su cuenta de correo electrónico oficial (mvizcarra@regionmoquegua.gob.pe).

Los dos teléfonos celulares entregados por Hernández Calderón –amigo, socio y cómplice de Vizcarra desde que fuera director del Proyecto Especial Pasto Grande en el primer gobierno de Alan García– guardaban el registro histórico de las coordinaciones que hacía el entonces gobernador de Moquegua con su intermediario en la coima de 2 % (S/ 1 millón) para firmar el contrato de Lomas de Ilo. Obra de irrigación que hasta el día de hoy, más de 12 años después de haberse licitado, no funciona. Ni una sola gota de agua llega a los arenales del puerto de Ilo a pesar de haberse gastado exactamente el doble de su presupuesto inicial. No solamente se ha defraudado al Estado, también hay empresarios locales que compraron tierras en este proyecto al gobierno regional de Moquegua con la esperanza de desarrollar proyectos agroindustriales en Lomas de Ilo. Han perdido su inversión sin tener la menor esperanza que el agua llegue algún día a esos arenales porque Vizcarra hizo todo mal desde el comienzo, desde que compró la tubería equivocada que yace colapsada debajo de la tierra. El daño es mayúsculo. 

Adicionalmente, en esta carpeta existen informes técnicos de geolocalización, levantamiento de secreto de las comunicaciones, peritajes contables e innumerables diligencias de corroboración que permiten al fiscal Juárez Atoche decir, con toda certeza, que en tres meses el colegiado debe emitir una sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra Vizcarra. El lagarto está atrapado. No podrá moverse ni usar su poder fáctico para librarse de la justicia.  

SIGUIENDO LOS PASOS DE TOLEDO

Producida la sentencia a 20 años y 6 meses de prisión a Alejandro Toledo, Vizcarra entendió que los tiempos de impunidad habían terminado. Que la justicia puede tardar, pero llega. Entonces activó una estrategia leguleyera de su defensa técnica –que sigue en manos del abogado Fernando Ugaz aunque ahora aparezca un joven e impetuoso letrado que trabajó en su estudio– alegando un supuesto vicio procesal que afectaría su derecho a la defensa. La maniobra solo apuntaba a postergar por varios meses el inicio del juicio oral porque Vizcarra y el abogado Ugaz saben perfectamente que los dos delitos que se le imputan están plenamente probados. Que sus excómplices, acogidos a la colaboración eficaz, no se guardarán nada en el juicio a cambio de conservar su libertad. Que el crimen no paga. Que no hay crimen perfecto. Que los amigos e incluso los periodistas ayayeros, del pasado reciente, le darán la espalda. Que desde la cárcel no podrá grabar videos para TikTok. Que no podrá burlarse más de los peruanos. Que su carrera política terminará en una celda. Que los millones de soles que acumuló no podrá disfrutarlos preso. Que Castillo y Toledo serán sus nuevos vecinos. Sus compañeros. Que las palabras de Thorndike habrán sido premonitorias, aunque sea una terrible noticia para Clara Elvira Ospina.