Este jueves 12 de junio, el Gabinete presidido por el premier Eduardo Arana Ysa afronta su primera prueba de fuego, como es obtener el voto de confianza de un Congreso cada vez más volátil y cortoplacista. Sin embargo, esto es apenas un paso para enfrentar su mayor reto político, como es devolverle al gobierno de Dina Boluarte un mayor nivel de confianza popular que le permita culminar su mandato satisfecha por sus esfuerzos.
En este trance, Arana ha mostrado ser más humilde y dialogante que su antecesor, al buscar espacios de diálogo con los partidos que le permitan cierto margen de maniobra tanto en el manejo de la economía como en las políticas de Estado, sin dejarse avasallar por las constantes imposiciones del Legislativo. A ello le ayuda su paso por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde ya mostró no solo voluntad de diálogo con el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino también sus dotes de gestión, al ser uno de los sectores con mejor capacidad de ejecución presupuestal, con avances en temas de acceso a la justicia y su preocupación en mejorar los servicios de defensa pública y el sistema penitenciario.
En tal sentido, ¿cuáles son los principales retos que le esperan al nuevo Gabinete? A nuestro entender, existen por lo menos cuatro desafíos que deberán ser enfrentados hasta 2026. El primero y más evidente es mostrar mayor eficiencia en el combate a la criminalidad, donde no solo se requiere fortalecer la labor de la Policía Nacional sino, sobre todo, al flamante Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, a partir del cual se logre mejorar la coordinación entre los entes del sistema de justicia.
Un segundo desafío es definir una estrategia eficaz y contundente contra la minería ilegal, sin afectar a los pequeños mineros y mineros artesanales que sí aportan al país. Al igual que lo anterior, ello requiere de un amplio diálogo entre el Congreso, el Ejecutivo y los gremios mineros, que permita formular una Ley MAPE adecuada a los intereses nacionales y formar un frente articulado para su implementación en las regiones más afectadas por este flagelo, como Pataz o Caravelí. Un tercer reto es garantizar que las elecciones generales de 2026 se realicen de manera transparente, segura y confiable, más aún, considerando el reciente atentado contra Miguel Uribe, candidato a la presidencia en Colombia, a manos de un sicario menor de edad. Lamentablemente, Perú comparte el mismo escenario de criminalidad desbordada, por lo que el riesgo de hechos similares en nuestro país es bastante alto, lo que puede llevar a deslegitimar todo el proceso electoral. Asimismo, se requiere garantizar que la ciudadanía cuente con información suficiente ante las múltiples candidaturas, que le permitan ejercer su voto de manera responsable.
En cuarto lugar, el Gabinete Arana debe definir una estrategia más clara de lucha contra la pobreza, que vaya más allá de mantener indicadores como una baja inflación. Las líneas de pobreza y pobreza extrema deben superarse fortaleciendo los programas de empleo y los programas sociales orientados fundamentalmente a los jóvenes del Perú.
Estos retos deben mantenerse en la agenda política de país, por ello, la experiencia y capacidades de liderazgo y diálogo que tiene Eduardo Arana deben ser constantemente fiscalizadas por el Congreso, más allá de los cuestionamientos a algunos integrantes del gabinete, a fin de darle al Ejecutivo el piso necesario para mantener a flote el país y llevarlo a buen puerto el 2026.
