Por: CARLOS PAREDES

LA ESTRATEGIA DE LUCIANO

En la Junta de Fiscales Supremos (JFS), convocada para el jueves 31 de julio, Delia Espinoza se apareció con su abogado Luciano López Flores. Les dijo a los otros cuatro fiscales supremos que López iba a explicarles una propuesta jurídica para “resolver” el caso de Patricia Benavides. Su abogado externo y, según lo ha declarado él, Ad Honorem, planteó que la JFS en pleno debería presentar una demanda en el sistema contencioso administrativo del Poder Judicial para impedir el reingreso de Patricia Benavides. Hizo énfasis en que Benavides está investigada por liderar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público y, en esa condición, su regreso a la institución hacía peligrar las investigaciones que se han abierto en su contra. La estrategia “jurídica” de Luciano López era una modalidad más de incumplir con la orden de la Junta Nacional de Justicia de reincorporar a Benavides. Antes, Espinoza había usado otros recursos, como pedir aclaraciones a la JNJ, desconocer su decisión arguyendo que no habían firmado sus siete integrantes o que no se hizo público ni las actas ni el video del pleno donde se tomó esa decisión. Fue el fiscal supremo Tomás Gálvez que, con argumentos jurídicos claros y precisos, rebatió la propuesta del abogado gratuito de Delia Espinoza. Pero Gálvez no fue el único fiscal supremo que rechazó la propuesta de López. Para sorpresa de propios y extraños, Zoraida Ávalos fue especialmente dura con su colega Espinoza. Se le escuchó subir el tono de su voz y hasta deslizar algunos adjetivos calificativos cuando se dirigió a la Fiscal de la Nación. Le dijo que estaba usando al Ministerio Público para asuntos personales. Juan Carlos Villena coincidió en señalar que Espinoza no podía arrastrar a la JFS en su desacato abierto al Estado de derecho. Hasta Pablo Sánchez, que estuvo silente durante toda la reunión, pronunció algunas palabras en apoyo explícito a la posición de los otros tres fiscales supremos. Los argumentos jurídicos de Delia Espinoza y su abogado habían sido tan famélicos que, por primera vez, lograron el rechazo unánime.

DESTERRAR A BENAVIDES

Para la siguiente JFS, el martes 5 de agosto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín, ya había notificado su decisión de declarar fundada la apelación de Patricia Benavides anulando la decisión del juez supremo provisional Segismundo León Velasco, que la suspendió cautelarmente en sus funciones por 24 meses. Una de las razones por las que la sala de San Martín revocó la medida fue que la denuncia constitucional –presentada por Espinoza en contra de Benavides por supuestamente liderar una organización criminal multipropósito en la misma fiscalía– fue archivada en el Congreso. El razonamiento jurídico de la Corte Suprema fue que, si la causa principal no podía continuar por decisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, la medida cautelar de suspenderla en el cargo por dos años terminaba derrumbándose. Así las cosas, Delia Espinoza no tenía ningún otro argumento para seguir incumpliendo las resoluciones, administrativa y judicial, que reponían a su colega Benavides. Pero a su sesudo abogado López se le ocurrió otra brillante idea: desterrar a Benavides al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un puesto que es considerado por fiscales y jueces supremos como la congeladora. Sin embargo, esta cerebral salida no había reparado en un artículo constitucional (180) y dos de la Ley Orgánica del JNE (artículos 16 y 17) que la hacían imposible de realizarse. El criterio es básico: una vez que están convocadas las elecciones, los integrantes del máximo organismo electoral no pueden renunciar. O lo que es lo mismo, usando un símil futbolero, una vez iniciado el partido no se puede cambiar de árbitros.

Desde diciembre de 2023 la representante del Ministerio Público en el JNE es la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina. No solo eso, la fiscalía también nombró a dos accesitarios en caso la titular presente algún problema insalvable de salud o fallezca. El primer accesitario es el actual vocero institucional, el fiscal supremo jubilado Víctor Cubas Villanueva.

LA TERQUEDAD DE DELIA

La mañana del martes 12 de agosto era definitiva para la resolución del caso Benavides. Espinoza, asesorada por su abogado de cabecera, convocó a la JFS para las 9 horas. Una de las convocadas fue Patricia Benavides, sin que formalmente se haya publicado la resolución de Fiscalía de la Nación reincorporándola a la institución como ordenó, desde mayo pasado, la JNJ.

Desde temprano se apostaron en el frontis de la sede central del Ministerio Público, en la avenida Abancay del centro de Lima, grupos radicales que apoyan y critican a Patricia Benavides. En medio del griterío y las cámaras de los periodistas hizo su ingreso la repuesta fiscal suprema acompañada de sus abogados y agentes de seguridad del Estado. La cita era en el piso 9 del edificio. Empezó puntual, pero la característica principal fue el aumento de decibeles en el intercambio de palabras entre varios de los supremos ahí reunidos. Tomás Gálvez hizo cuestión de Estado sobre la formalización del reingreso de Benavides. Espinoza propuso un cuarto intermedio para regresar, a las 12, saneando legalmente la reincorporación de su antecesora.

Reanudada la JFS, con Benavides con voz y voto, Espinoza insistió en su propuesta de revocar el mandato de la fiscal suprema provisional Martha Maisch en el JNE arguyendo que, si bien la legislación vigente prohíbe su renuncia, no prohíbe su remoción. Planteaba esa fórmula sugerida por su abogado López. Sus argumentos fueron la necesidad que la fiscalía sea representada por un fiscal supremo titular. Hubo un fuerte intercambio de palabras entre Espinoza y Benavides porque la actual Fiscal de la Nación ensayó una perorata larga sobre moralidad, ética y la tarea de los fiscales como defensores de la legalidad, titulares de la acción penal y poseedores de un poder, que les confiere la sociedad, que no pueden mal utilizar.

Espinoza mostró un talante dictatorial, quiso imponer su criterio en medio de la incomodidad e impaciencia de los otros cinco supremos. Otra vez, Tomás Gálvez, le dijo que no estaban en su despacho, que en la JFS ella era una de seis. Villena y Ávalos avalaron la posición de Gálvez. Pablo Sánchez, a diferencia de las dos anteriores JFS, intentó salir en defensa de Espinoza protagonizando un enfrentamiento dialéctico con Gálvez. Pero una vez sometida la propuesta a votación, Espinoza perdió por goleada 5-1. Hasta Pablo Sánchez votó en contra de su propuesta no solo porque era abiertamente inconstitucional e ilegal, sino porque iban a cometer un ilícito si se dejaban arrastrar por las cuitas personales de ella, aconsejada por Luciano López.

MÁS SOLA QUE NUNCA

No solo Benavides está de regreso en la fiscalía, sino que Espinoza está más sola que nunca. Lo que no quiere decir que los serios cargos contra Benavides se han disipado o que ha sido absuelta. La JNJ solo ha reconocido que su destitución se hizo sin respetar los recaudos mínimos del debido proceso. Se ha iniciado una nueva investigación a cargo de un magistrado ponente en la JNJ que deberá dilucidar hasta dónde llega la responsabilidad de Benavides en la trama de tráfico de influencias descrita por su exasesor Jaime Villanueva. Pero la gestión de nueve meses de Espinoza, lejos de reconstruir la institucionalidad, la ha debilitado más. Ha quedado claro que ha usado su poder para responder de manera irresponsable a cada actor que osaba cruzarse en su camino. Su enfrentamiento directo con el Ejecutivo, el Congreso, la JNJ y hasta con el Tribunal Constitucional ha desgastado su figura y debilitado a la institución que representa. Se ha comprado todos los boletos para hacerse acreedora, a pulso, a investigaciones disciplinarias y eventuales acusaciones constitucionales. Tampoco ha esclarecido el origen del incremento desproporcionado de su patrimonio inmobiliario. La respuesta insólita que dio a la anterior JNJ, como candidata a fiscal suprema, dejó más dudas que certezas. Sus colegas, que la conocen hace varios años, sostienen que podría tratarse de un presunto delito de lavado de dinero de la corrupción judicial con origen en la Corte Superior de Ica. Solo una investigación prolija podría dilucidar esta grave mancha en su carrera fiscal. Por ahora, Espinoza prefiere rodearse de una suerte de guardia pretoriana con fiscales acólitos o abogados con intereses inconfesables como López. Además de su mujer de absoluta confianza, su asesora principal Mervin Rosa Fernández De la Cruz, la persona con la que siempre se la ve. Con la que, por ahora, comparte todos sus secretos, angustias y demonios.

En un país que lleva años hablando de cerrar brechas, pero que avanza a paso lento en la ejecución de obras, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) decidió pasar de las palabras a los hechos. Creada hace apenas tres años, la SNCI nació para reconstruir la confianza entre el sector privado y el sector público, modernizar el marco normativo y atraer inversión nacional e internacional en los proyectos que el Perú necesita con urgencia.

De ese espíritu surge INFRACON Perú 2025, la primera feria internacional del sector, que no solo apuesta por reunir a todos los actores de la infraestructura en un solo lugar, sino también por descentralizar el debate. El escenario escogido es el Cusco, y no por casualidad: “La infraestructura genera mejoras a otros sectores como minería, turismo, energía, inteligencia artificial y tecnología. Queremos que los visitantes extranjeros no solo participen en INFRACON, sino que conozcan atractivos emblemáticos del país”, explica César Candela, director ejecutivo de la SNCI, que presiden Roque Benavides y Carlos Neuhaus.

La cita se desarrollará en la Ciudadela Vidawasi, centro de salud infantil de referencia, con un componente social explícito: parte de las entradas, auspicios y stands se destinarán a financiar sus servicios médicos. Para Candela, esta es una manera de que un evento empresarial deje un impacto tangible en un país con profundas necesidades, especialmente en salud infantil.

La respuesta del sector privado ha sido entusiasta: compañías de Australia, Francia, Reino Unido, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, China y Perú han confirmado su presencia con stands, ponencias y exhibiciones. También se ha sumado la Contraloría General de la República, que busca exponer su nuevo enfoque preventivo en materia de obras públicas.

El sector público, en cambio, ha respondido a medias. Han confirmado su participación el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, ProInversión, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIN), PromPerú y Corpac. Pero ministerios clave como Transportes, Educación, Salud y Vivienda aún no confirman su asistencia. Candela no oculta su sorpresa: “Así como el sector privado confía en el país, el sector público tiene que fortalecer mucho más esa confianza para avanzar juntos hacia un mismo objetivo”.

La feria, que se repetirá anualmente –la próxima edición ya está prevista para octubre de 2026–, se presenta como algo más que un escaparate: busca ser un espacio para acelerar la ejecución de proyectos anunciados y convertirlos en realidades. En un Perú donde la brecha de infraestructura sigue siendo una de las más altas de la región, INFRACON Perú llega con la promesa de poner al Cusco, aunque sea por unos días, en el centro de la agenda nacional de desarrollo.

DESDE ADENTRO

En la ceremonia central por el Día del Juez del 4 de agosto último, Janet Tello sorprendió al auditorio –en el que se encontraban la presidenta de la República y las más altas autoridades del país– al anunciar la presentación de una iniciativa legislativa de reforma de la organización y funcionamiento del Poder Judicial que incluirá el diseño prioritario de una Corte Suprema dedicada a preservar y proteger la aplicación debida del derecho en armonía con los principios y valores democráticos, dejando de ser utilizada como una tercera instancia a la que se recurre con la intención de ganar tiempo convirtiendo en interminables los procesos. Remarcó que la reforma se plantea desde el conocimiento pleno de la realidad judicial, e hizo votos para trabajar de manera conjunta. Semanas antes, la presidenta del Poder Judicial había dicho que por ningún motivo el Poder Judicial podría considerarse en crisis. “No necesitamos ninguna reforma externa porque prácticamente nos reformamos a diario buscando implementar políticas que permitan que la justicia sea célere, moderna, transparente, de calidad. Eso no nos lo da nadie de afuera, lo trabajamos nosotros desde adentro”, remató. La carga procesal pendiente de resolver en el Poder Judicial, tanto en trámite como en ejecución, es cercana a los cinco millones de expedientes. Según cifras del Latinobarómetro, el nivel de desconfianza en el Poder Judicial es del 78.6 %.

POLÍTICO DE ESTADO

Jorge del Castillo, quien se considera un “político de Estado”, se congratuló de haber llegado a un acuerdo con Mauricio Mulder para intentar ser la fórmula que represente al partido aprista en las próximas elecciones presidenciales de abril de 2026. Dijo que es una convergencia que apunta a la unidad del partido y que nunca hubo discrepancia ideológica o doctrinaria con Mauricio. Deberán competir con la fórmula Javier Velásquez- Humberto Abanto, que tiene el respaldo de Carla García Buscaglia. Del Castillo se mostró confiado que quien resulte elegido pasará a la segunda vuelta.

PUENTE CANALES

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, anunció que el próximo 20 de agosto se inaugura el Corredor Turístico Miraflores-Barranco de la quebrada de Armendáriz que, señala, “modernizará el espacio público promoviendo la integración urbana y el fortalecimiento turístico de la ciudad”. Siendo una obra con una historia controvertida, la inauguración llamará sin duda la atención.

CAMPAÑA A TODO DAR

En Lima casi todos se hacen los locos, pero en regiones la historia es distinta. Iquitos ya se encuentra cubierta de publicidad electoral. En el paupérrimo Puerto de Productores, punto de partida para llegar a la turística Isla de los Monos y el distrito de Indiana, la publicidad electoral se encuentra por todos lados, candidatos a las dos cámaras siempre al lado de la carta presidencial. Sería bueno que se preocupen del entorno miserable y caótico de llegar al poder. Carlos Álvarez, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Phillip Butters están entre quienes ya se lanzaron por allá. Y el combo va con todo, porque candidatos a alcaldías y el gobierno regional también están por todas partes, desde carteles hasta costosas vallas.

FALLECIÓ CELSO GARRIDO LECCA

El compositor peruano Celso Garrido Lecca, uno de los más importantes en el ámbito de la música de tradición escrita y clásica de toda Latinoamérica, falleció a los 99 años. En 2000 obtuvo el Premio Iberoamericano de la Música “Tomás Luis de Victoria, uno de los más importantes para compositores clásicos de habla latina. Parte de su obra la compuso en Chile desde los años 50 hasta el golpe de Augusto Pinochet. Durante ese tiempo se acercó al movimiento de la Nueva Canción Chilena, en especial a Víctor Jara, para quien compuso dos canciones: Vamos por Ancho Camino y BRP. En 1992, una infortunada visita a su sobrina, Maritza Garrido Lecca, lo puso frente al foco de las cámaras de televisión del mundo ya que no podía imaginar que en esa casa se escondía Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso.

OBRAS POR IMPUESTOS, EN RACHA

Entre enero y julio, las adjudicaciones mediante Obras por Impuestos sumaron 147 proyectos por S/ 1725 millones, con un repunte en julio de S/ 373 millones, el segundo monto más alto del año. Salud (23 %), Transporte (22 %) y Orden Público y Seguridad (20 %) lideran las inversiones. Desde 2009, el mecanismo ha movilizado al 75 % de los recursos hacia educación, transporte, salud y saneamiento. Este 2025, La Libertad (S/ 238 millones) y Puno (S/ 237 millones) encabezan el ranking regional, seguidos por Tacna, Cajamarca y Cusco. La meta oficial: superar los S/ 4000 millones antes de fin de año, apoyados en una cartera diversa y en el interés creciente del sector privado.

FERIADOS QUE CUESTAN CARO

La Sociedad Nacional de Industrias calcula que los cuatro nuevos feriados creados entre 2022 y 2024 –Batalla de Ayacucho, Batalla de Junín, Día de la Fuerza Aérea y Día de la Bandera– han significado una pérdida acumulada de S/ 6000 millones para la economía. Con 30 días de vacaciones y 16 feriados nacionales, el Perú lidera el ranking regional de días libres remunerados. Según el gremio, cada nuevo feriado genera S/ 500 millones en pérdidas a la producción y eleva costos laborales, obligando a pagar triple remuneración en sectores que no pueden detenerse. La SNI propone que estas fechas se conmemoren simbólicamente, pero se restituyan como días laborables.

TRUMP Y LIMA

Donald Trump volvió a agitar la polémica con declaraciones en las que comparó la criminalidad en Washington D.C. con la de Lima, Bogotá y Ciudad de México, asegurando que la capital estadounidense es más peligrosa que las tres urbes latinoamericanas. Las cifras de 2023 respaldan parcialmente el contraste: D.C. registró una tasa de homicidios cercana a 27 por cada 100 000 habitantes, por encima de Bogotá (~15), Ciudad de México (~10) y Lima (~8). Sin embargo, el dato ignora la fuerte caída del 35 % en crímenes violentos en la capital estadounidense durante 2024 y 2025. Trump lanzó la afirmación para justificar la toma del control policial en la capital por parte del gobierno federal, un movimiento que refuerza su narrativa de mano dura y aprovecha comparaciones sin contexto para afianzar percepciones alarmistas.

TÍTULOS EN SANTA ROSA

Personal de Cofopri, entidad del Ministerio de Vivienda, culmina los procesos de formalización de tierras en Santa Rosa, Loreto. Según Moyra Loza, directora de Cofopri, el 80 % de los habitantes ya cuentan con títulos de propiedad que garantizan la posesión pacífica y legal de sus terrenos. Este proceso iniciado en 2013 se completará en agosto con la titulación definitiva y una feria informativa para que la población conozca los beneficios y requisitos de la formalización. La titular de Cofopri destacó que esta seguridad jurídica permite a las familias acceder a créditos hipotecarios, programas sociales y dinamiza la economía local, fortaleciendo el desarrollo de la comunidad en esta zona estratégica y compleja.

Si un extraordinario golpe de timón permitiera establecer una plataforma de compromisos mínimos entre los candidatos a la Presidencia, como efectivamente ocurrió en su momento con el Acuerdo Nacional, ¿cuál sería la agenda indispensable?

El deterioro de la democracia en el Perú no es un fenómeno aislado, pero sí tiene rasgos propios que agravan el cuadro regional. A nivel global, vemos democracias en retroceso ante el ascenso de líderes autoritarios, la polarización extrema y la desinformación. En América Latina, se multiplican los casos de captura institucional, uso patrimonial del Estado y erosión del principio de representación. Pero en el Perú, ese debilitamiento ha tomado una forma particularmente corrosiva: la infiltración de economías ilegales en la política, una lumpenización acelerada del ejercicio del poder y un copamiento de las instituciones técnicas por redes clientelares.

Aquí una lista urgente:

1. Narcopolítica y minería ilegal como actores de poder
   En los últimos años, organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas han financiado campañas electorales, colocado operadores en el Congreso e incluso influido en nombramientos en fiscalías y ministerios. No estamos frente a una simple “corrupción tradicional”, sino ante un modelo de gobernanza paralelo donde el Estado se convierte en vehículo de intereses criminales. Este fenómeno no es exclusivo del Perú –lo hemos visto en Honduras, Guatemala o Paraguay– pero aquí opera con una impunidad alarmante y en niveles múltiples del poder.
2. Lumpenización de la política
   La representación se ha degradado hasta niveles esperpénticos. El Congreso ha dejado de ser un contrapeso republicano para convertirse en una cofradía de intereses personales, familiares o empresariales de corto plazo. El debate público ha sido reemplazado por escándalos, espectáculos y venganzas. Lo que debería ser un foro de deliberación se ha convertido en un espacio donde el desprestigio individual no es obstáculo para el poder, sino precondición para su acceso.
3. Desprofesionalización del Estado
   Lo que antes eran feudos técnicos –como Economía, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, o el MEF– han sido progresivamente copados por operadores políticos o allegados sin méritos suficientes. Esto no solo compromete la calidad de las políticas públicas, sino que desmantela el ya frágil aparato burocrático del país. La expansión desordenada de la planilla estatal, usada como botín partidario, reproduce el círculo vicioso de la informalidad institucional.
4. Comparación regional y el riesgo de excepcionalismo
   A diferencia de países donde el autoritarismo proviene de líderes carismáticos con vocación totalitaria (Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil o AMLO en México), en el Perú la degradación democrática no viene de un liderazgo fuerte, sino de la ausencia de uno. Es una erosión por fragmentación, por captura dispersa, por abandono. Esta es una forma más sutil –pero igual de destructiva– de colapso institucional.

¿Qué hacer?

La solución no vendrá solo desde la política. Es necesaria una renovación del pacto ciudadano, una recuperación del servicio civil, un control más estricto del financiamiento electoral y una prensa más comprometida con la investigación y la pedagogía democrática. No hay atajo ni salvador: solo la ciudadanía informada y activa puede revertir este rumbo. Quizá por allí vaya un AN26.

Santa Rosa, el nuevo distrito loretano en la triple frontera con Colombia y Brasil, vive jornadas de inusual actividad. A pocas horas de la llegada de la presidenta Dina Boluarte, tras su gira por Asia, el Ejército y la Marina intensificaron patrullajes en la isla Chinería, mientras guardacostas controlan el tránsito fluvial y la Policía intervino a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones con GPS en territorio peruano. En paralelo, ministros encabezados por el PCM Eduardo Arana dirigieron una campaña de acción social desde la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) para reforzar la presencia del Estado en esta frontera estratégica. Pero detrás de la tensión diplomática y el despliegue oficial, persiste un clamor que no llega a Palacio. El gestor turístico loretano Jorge Linares advierte que Santa Rosa sigue siendo “la frontera olvidada del Perú”: sin agua potable ni desagüe, con un sistema de salud “deprimente” y apenas 6500 soles mensuales para atender a 14 comunidades. “Nuestros ministros llegan por un par de horas a tomarse la foto y luego se regresan a Iquitos en un helicóptero… no caminan por nuestras calles polvorientas y en mal estado”, denuncia. La provocación colombiana, dice, no debería opacar el verdadero problema: décadas de abandono estatal en el corazón mismo de la soberanía nacional.

“Daniel Quintero es el candidato perfecto para el petrismo: bruto, sin filtros, sin pena del ridículo; solo quiere ser tendencia”, disparó el comediante Piter Albeiro en X el 11 de agosto. Horas después se confirmaba que no era un chiste negro. Quintero, ex alcalde de Medellín, precandidato presidencial y figura ascendente del frente de izquierda que lidera Gustavo Petro, cruzó el Amazonas para plantar una bandera colombiana de más de tres metros en plena isla Santa Rosa, territorio peruano en la triple frontera.

El video que él mismo difundió no dejó dudas: proclamó que “Santa Rosa es Colombia”, desconoció la soberanía peruana y acusó al Estado peruano de querer arrebatar a Colombia su acceso al Amazonas. No se quedó ahí: evocó la pérdida de Panamá y San Andrés, habló de “robo” y, en un tono beligerante, advirtió que estaba dispuesto a ir a la guerra para defender “cada centímetro” que considere colombiano.

Quintero es hoy el segundo precandidato mejor posicionado dentro del Pacto Histórico, solo detrás de Gustavo Bolívar, y según encuestas recientes concentra un 20 % de intención de voto en ese bloque. En estos tiempos, figuras que reducen un conflicto internacional a un acto de propaganda electoral pueden llegar a la Presidencia.

El gesto de Quintero no fue improvisado. Formó parte de un clima cuidadosamente estimulado desde la Casa de Nariño.
Primero, Gustavo Petro cambió la conmemoración de la Batalla de Boyacá a la ciudad de Leticia –capital del departamento del Amazonas– y lo anunció en un tuit cargado de simbolismo territorial. Luego, un avión colombiano sobrevoló espacio aéreo peruano.

El propio Petro, el 6 de agosto, publicó un largo mensaje contra los medios de su país en X, donde mezclaba historia, geografía y un tono de confrontación directa:

“Definitivamente los dueños del capital no tienen patria. Por cipayos así, perdimos a Panamá. (…) La frontera con Perú es la línea más profunda del fondo del río Amazonas. Las islas al norte de esa línea son de Colombia. (…) Parece que a la prensa tradicional colombiana le parece una pendejada que Colombia pierda definitivamente el contacto con el río más grande de América… Tenemos desacuerdo con la acción de apropiarse un territorio surgido en el río Amazonas por ley peruana, sin tener en cuenta la opinión de Colombia. (…) Buscaremos conversar en la instancia creada por el tratado y si Perú no quiere vamos al derecho internacional”.

Más allá de la retórica, el tuit dejó entrever la verdadera preocupación de su gobierno: Colombia podría quedarse sin acceso al Amazonas hacia el 2030 por un fenómeno natural de sedimentación que desvía el cauce del río y aleja sus aguas de Leticia.

Un asunto que en otros países se enfrenta con soluciones técnicas –dragados, canalizaciones– como ocurre en Brasil, China o Estados Unidos. En Colombia, en cambio, se ha convertido en una bandera política.

El presidente colombiano anunció que la comisión mixta de fronteras se reunirá el 11 y 12 de septiembre. En el Perú, sin embargo, crecen las voces que piden que no se asista, para evitar legitimar lo que consideran una campaña de presión y victimismo que distorsiona la realidad jurídica: el Tratado Salomón Lozano de 1922, los instrumentos emanados del Protocolo de Rio de Janeiro y los mapas oficiales colombianos reconocen que la isla Santa Rosa y la isla Chinería son territorio peruano.

La sedimentación ha modificado el curso y la geografía del río, creando islas que no existían al suscribirse el Tratado Salomón–Lozano en 1922, que en 1929 asignó la isla Chinería al Perú. Santa Rosa, en cambio, apareció a fines de los años 60, y desde entonces Perú ha ejercido presencia civil y militar. Las imágenes satelitales confirman que hoy Santa Rosa es parte de Chinería, como lo ha explicado el canciller Elmer Schialer.

En 2024, durante un encuentro en Leticia, el entonces director de fronteras de la cancillería colombiana, Diego Felipe Cadena, enrostró al alcalde de Santa Rosa, Yván Yovera Peña, porque Perú ocupaba la isla de manera “unilateral”. El Perú reclamó y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lamentó el incidente. Aclaró que el asunto solo concierne “al más alto nivel de las cancillerías de ambos países”. En julio último el gobierno promulgó la ley que crea el distrito de Santa Rosa en la provincia de Mariscal Castilla. Luego Petro trinó.

Todo ocurre mientras Colombia atraviesa otra sacudida política y emocional: el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, atribuido por las autoridades a disidencias de las FARC que habrían buscado enviar un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe. El impacto ha sido doble: por la violencia contra una figura en campaña y porque coincide con la sentencia de arresto domiciliario contra el propio Álvaro Uribe por intento de soborno. En un país que parece vivir en duelo permanente, la polarización se agudiza y las disputas políticas se cruzan con la violencia armada, creando un clima en el que tensiones como la de la isla Santa Rosa encuentran terreno fértil para escalar.

CONTACTO CON MADURO

Y se suma un factor que, en Lima, debería encender aún más las alertas: la nueva propuesta del dictador venezolano Nicolás Maduro de “unir a las fuerzas militares” de Colombia y Venezuela. Lo hizo el 11 de agosto, en una entrevista donde habló de la llamada Zona Binacional, en medio del incremento de tensiones con Estados Unidos –que acaba de aumentar la recompensa por su captura a 50 millones de dólares– y de su habitual narrativa de “liberar de violencia” la frontera común.

Maduro planteó articular gobiernos, ministerios, poderes económicos e instituciones para que las Fuerzas Armadas de ambos países operen como un solo cuerpo “en la garantía de un territorio libre de violencia, grupos armados y narcotráfico completo”. Incluso aseguró que Venezuela es “libre de cultivo de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente” y que este año alcanzó un “récord” de incautaciones.

Lejos de marcar distancia, Gustavo Petro respondió con entusiasmo. En una serie de tuits del 9 y 10 de agosto, defendió la idea como una articulación conveniente contra el narcotráfico, afirmó que el ELN ha sido golpeado “en ambos lados de la frontera” y dio la orden de coordinar inteligencias no solo con Venezuela, sino “con Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero”. En su mensaje más ideológico, proclamó que “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia” y que cualquier operación militar sin aprobación de “países hermanos” es “una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”.

El problema es que abundan las evidencias –y los señalamientos de inteligencia internacional– sobre la complicidad del régimen de Petro con redes del narcotráfico y sobre la protección que el chavismo ha dado durante años a estructuras criminales en la frontera. En este contexto, la propuesta de Maduro y la acogida de Petro no solo añaden un factor de tensión geopolítica, sino que dibujan un frente político-militar que, en un eventual conflicto o crisis con el Perú, podría alterar la correlación de fuerzas regional.

BALA PERDIDA

El telón de fondo de este episodio fronterizo es un gobierno errático, salpicado por escándalos que van desde la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo –con sobornos, sobrecostos y desvío de fondos– hasta las investigaciones por financiamiento irregular de campaña y el arresto de su propio hijo por lavado de activos. A eso se suman las crisis políticas por la salida abrupta de ministros clave, los “chuponeos” desde la Casa de Nariño y las pugnas internas del Pacto Histórico.

En el plano personal, el presidente Gustavo Petro carga con una acusación sin precedentes: su propio excanciller, Álvaro Leyva, lo ha señalado públicamente de consumo de drogas, aludiendo a ausencias prolongadas, incoherencias y comportamiento errático en viajes oficiales. Un señalamiento que, sumado a su incapacidad para cumplir con buena parte de su programa, ha reforzado la percepción de un mandatario inestable, más proclive a la confrontación que a la gestión.

LLAMADO A LA CALMA

En contraposición al tono camorrero de Petro, la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez subrayó que “Colombia tiene claro que sus principales amenazas a la seguridad nacional provienen de actores internos, no de otros países”.

Sobre Santa Rosa, fue tajante: “La defensa de la soberanía es mandato constitucional para cualquier gobierno. Sin embargo, no todas las diferencias fronterizas surgen de decisiones políticas: en el Amazonas, la naturaleza también interviene”.

Colombia, apuntó, ha insistido en que su estatus debe definirse en la Comisión Mixta prevista en el tratado, “siguiendo el derecho internacional y evitando vías de hecho unilaterales”. Recordó que la excanciller María Ángela Holguín propuso un parque ambiental binacional en las nuevas islas, una idea “que se debe retomar”.

Calificó como “desacertada y contraproducente” la declaración de Petro sobre una “invasión territorial”, porque “distorsiona términos jurídicos” y “eleva la tensión en un momento en que la cooperación es vital” para combatir problemas comunes como el narcotráfico, la pobreza en comunidades ribereñas, la falta de infraestructura y la protección del río. Y remató: “No podemos permitir a un pasajero transitorio de la Casa de Nariño aislar a Colombia y [quedarnos] sin posibilidades ciertas de cooperación internacional en el corto plazo contra el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y el contrabando”.

ESTRATEGIA DE ESTADO

Santa Rosa, con unos 2500 habitantes, funciona como un punto clave para el comercio transfronterizo, manejando tres monedas con naturalidad: soles peruanos, reales brasileños y pesos colombianos. A pesar de ser un enclave vital para la región, sus pobladores enfrentan dificultades en servicios básicos: agua potable escasa, electricidad e internet limitados, y atención hospitalaria primaria con carencias. El acceso principal es vía ferry desde Iquitos, un viaje que puede tomar hasta 18 horas, mientras el hidroavión resulta costoso y poco accesible para la mayoría.

Pese a esta situación, las autoridades peruanas han demostrado un compromiso firme con la defensa de la soberanía en una zona que representa no solo un punto geopolítico sensible, sino un espacio vivo con una comunidad que busca estabilidad para su desarrollo. Hoy toca guardar la calma, proteger la relación bilateral y seguir la estrategia del Estado trazada desde Torre Tagle. Con toda la sedimentación que carcome al Estado, resisten algunas islas fundamentales.