La última encuesta nacional de CPI confirma que Rafael López Aliaga ha logrado capitalizar su “estrategia del tren de Chosica”. El alcalde de Lima crece de 10 % en agosto a 13.7 % en septiembre en intención de voto presidencial, ampliando su ventaja sobre Keiko Fujimori, que retrocede a 9 %. No es la estratósfera electoral, ni mucho menos, pero sí una diferencia suficiente para colocarlo como puntero en un escenario fragmentado y con casi un tercio de indecisos.
La encuesta refleja el impacto del tren en la percepción ciudadana. Según CPI, 55 % de encuestados respalda la iniciativa municipal, frente a un 19 % que se inclina por la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Prima la idea de un alcalde que, a pesar de todo, “hace que las cosas pasen”.
Los choques con el MTC César Sandoval sugerían el pago de una factura política para “Porky”. La sombra del capricho y el voluntarismo se tendía sobre el proyecto. Pero, como lo recordó con CARETAS el vocero de la comuna Fabricio Orozco, ¿por qué el entonces MTC Raúl Pérez-Reyes se tomó la foto con los funcionarios de Caltrain al momento de firmar el acuerdo? Fue hace casi un año en Lima, en APEC.
Era, recuerda Orozco, un contexto donde EE. UU. buscaba visibilidad ante la inauguración de Chancay por China y el acuerdo del CIMA con Corea. El convenio marco preveía tres etapas: la primera, un servicio directo de hora punta sin paradas intermedias; la segunda, identificación y habilitación de estaciones; la tercera, la construcción de una doble vía. Es decir, más allá de algunos condicionamientos, la primera etapa no requería de inversiones extraordinarias.
La Municipalidad de Lima firmó el documento enviado por el propio MTC, pero nunca recibió la devolución de la cartera. El impasse coincidió con la salida de Pérez-Reyes y la llegada de Sandoval, ministro que hasta hace unos días expresaba abierto desacuerdo con la propuesta edil.
Las críticas no han faltado, desde informes que calificaban de “chatarra” a los vagones donados hasta cuestionamientos políticos. Orozco mostró a CARETAS el informe de la consultora estadounidense Rail Electric Services, que concluyó que 80 % de los 96 vagones y 20 locomotoras se encontraban en buen estado estructural. Se descartaron 14 unidades irrecuperables, que nunca llegaron a Lima.
En la orilla opuesta, concejales como Julio Gagó sostienen que hubo una compraventa y no una donación, argumento que ya es materia de un pedido de vacancia contra la bancada de Solidaridad Nacional encabezada por Renzo Reggiardo. El JNE deberá definir. Orozco lo niega y asegura que el trámite en la SUNAT y la documentación aduanera, prueban que se trató de una donación.
LA CARTA REPUBLICANA
Más allá del tren, López Aliaga cultiva un perfil internacional de neto corte conservador. En los últimos días viajó a Madrid para la cumbre del partido Vox, donde anunció un homenaje al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el Parque de las Aguas y condecoró en Lima al argentino Agustín Laje, ideólogo de Javier Milei. Su “fobia caviar” llega a extremos inaceptables como el de decir sobre Gustavo Gorriti que “por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero”. El periodista anunció una denuncia penal contra López Aliaga. Competidores en ciernes como Phillip Butters esperan que los excesos debiliten su candidatura con el correr de los meses. El Papa León XIV no lo recibió para que le entregue las llaves de la ciudad de Lima y el varayoc. El alcalde respondió que hubo una mano negra detrás y señaló al exsodálite José Enrique Escardó, a quien se refirió como “satanista”. RLA juega a la apelación al núcleo duro conservador y cristiano, mientras que busca amplificación con ejes como el tren y la inauguración de obras.
Pero es en Washington donde ha tejido los vínculos más significativos.
Fuentes cercanas al entorno del alcalde confirmaron a CARETAS que durante su reciente viaje mantuvo ocho reuniones con instancias del gobierno estadounidense ligadas al Partido Republicano. Una de ellas fue con Lisa Kenna, exembajadora en Lima y hoy subsecretaria de Estado para asuntos políticos. López Aliaga la describe como la principal colaboradora del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio (no olvidar que Bernie Navarro, nominado como embajador en el Perú, es muy cercano a Rubio). En estos encuentros, transmitió su malestar por la lentitud con que avanzan en Estados Unidos los casos de corrupción vinculados a los peajes. También participó en audiencias en el Departamento de Justicia y la Corte Federal, donde expuso sus denuncias enmarcadas en la agenda anticorrupción.
El timing no es menor. Donald Trump mantiene al mundo en vilo desde su regreso a la Casa Blanca, y López Aliaga desarrolla contactos preferenciales en esa órbita, proyectándose como un socio alineado con el trumpismo en la región. Hoy, el gobierno de Milei se destaca como un aliado de primer orden de Trump mientras que el Ecuador de Daniel Noboa le sigue de cerca. Todo lo contrario del colombiano Gustavo Petro, como pudo notarse en su discurso ante la asamblea general de Naciones Unidas, casi tan estrambótico como el del propio Trump. A ese caldero se añade la tensión en las costas venezolanas y la difícil relación con Brasil, castigada con los aranceles efectivos más altos del mundo en Estados Unidos tras la condena por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro: nada menos que de 35,4 % según cifras de la OCDE reveladas esta semana.
El empuje internacional coincide con un hito local: después de ocho años, se inicia al fin el juicio contra Susana Villarán, su predecesora en la Municipalidad de Lima, acusada de recibir hasta 11 millones de dólares de Odebrecht y OAS. El asesinato de su principal colaborador, José Miguel Castro, no tiene visos de resolución. En ese espejo, López Aliaga busca presentarse como el antagonista que denuncia los peajes corruptos y se alinea con la narrativa de lucha contra la corrupción.
El frente judicial y el discovery
El activismo internacional del alcalde se entrelaza con un frente judicial delicado: el uso del discovery en tribunales estadounidenses. Se trata de un mecanismo procesal previsto en la sección 1782 del código estadounidense, que permite solicitar documentos y pruebas a terceros para ser usados en litigios internacionales. La Municipalidad de Lima promovió una acción de este tipo en Nueva York, como parte de su estrategia contra las concesionarias de peajes. En el fondo, se trata de probar que Brookfield sabía que le compraba su parte a una empresa corrupta cuando adquirió la mayoría de Rutas de Lima en 2016.
La exprocuradora ad hoc Silvana Carrión denunció que fue presionada para que el Estado peruano se adhiriera a esa vía. En su informe final, Carrión habló de mensajes intimidatorios y de una campaña política y mediática orquestada desde la comuna. Al negarse a respaldar el discovery, terminó removida del cargo. El episodio alimenta la percepción de un alcalde dispuesto a proyectar sus batallas locales a escenarios judiciales globales, aunque ello tense sus relaciones con las instituciones nacionales.
El activismo del alcalde, cuya renuncia a ese cargo para candidatear a la Presidencia de la República se debe concretar en octubre, tiene urgentes motivaciones. En junio último, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó dos laudos arbitrales contra la Municipalidad de Lima por más de USD 200 millones, en favor del consorcio Rutas de Lima.
En mayo, la MML despidió a Foley Hoag LLP, estudio de abogados que la representó en estos litigios internacionales. Según la argumentación de la comuna, el estudio incurrió en un grave conflicto de intereses. El punto clave: al mismo tiempo que defendía a Lima, ese bufete representaba de forma simultánea intereses de filiales del grupo Brookfield, accionista mayoritario de la concesionaria demandante.
Según los documentos judiciales, se firmó un pacto explícito con la municipalidad en 2019 donde se exigía que Foley no asumiría casos contrarios a los intereses municipales. Pero más adelante, el estudio ocultó relaciones con empresas afines a Brookfield. Para López Aliaga, si se prueba la omisión, podría abrir la posibilidad de anular los fallos arbitrales. Es parte del menú de temas que trató en la capital estadounidense, entre los que también tiene en la mira al exalcalde Jorge Muñoz.
La defensa limeña acusa que Foley debilitó la estrategia: no solicitó suspensiones clave, no profundizó en pruebas vinculadas a corrupción ni preparó testigos con firmeza. En una audiencia, un juez cuestionó directamente al equipo legal. El estudio niega las acusaciones.
En Washington, López Aliaga estuvo acompañado por el actual abogado de la MML, Martín de Luca del bufete Boies Schiller Flexner. Por su parte, el estudio del exprocurador Julio Arbizu, excandidato de Juntos por el Perú, denunció en julio al alcalde por firmar nueve contratos con Boies por más de S/ 97 millones –el 82 % del total de lo destinado por la comuna a asesorías legales en el exterior– siendo de Luca su “amigo personal”.
LÍNEA AMARILLA: CONCESIÓN HASTA 2055
El frente de los peajes es el más complejo. Otra novedad reciente afecta directamente las finanzas municipales: el arbitraje perdido por Lima obligó a que la empresa Lima Expresa mantenga su concesión de la Línea Amarilla por casi seis años adicionales, ampliando el plazo de operación hasta 2055.
La decisión del tribunal arbitral de París fue clara: en compensación por demandas reconvencionales, no se anuló el contrato, sino que se decidió extender la concesión. Lima Expresa podrá recuperar los costos incurridos vía tarifas o prolongando su explotación de la vía.
Esto implica que la Municipalidad no pagará directamente los más de USD 46 millones que se habían fijado como indemnización (que ahora equivalen a más de USD 83 millones en valor presente), pero permitirá que la concesionaria recupere ese monto mediante la recaudación del peaje.
Las encuestas son fotografías. Hoy muestran a López Aliaga creciendo, a Keiko Fujimori perdiendo terreno y a Mario Vizcarra emergiendo en la escena. También recuerdan que, en 2021, López Aliaga quedó tercero en la primera vuelta, con 9.5 % de votos emitidos, mientras que en las encuestas no pasó del 11 %. Al año siguiente, en la carrera por Lima, obtuvo 26,34 % de los votos contra el 25,35 % de Daniel Urresti, meses después sentenciado por el asesinato del corresponsal de CARETAS en Huanta, Hugo Bustíos. Fueron solo 53 mil votos de diferencia.
