Mucho se ha dicho y se va a seguir diciendo en los siguientes días sobre el reciente proceso electoral realizado en el hermano país de Venezuela; pero para quienes hemos tenido experiencia en la organización y desarrollo de estos procesos, el fraude cometido por Nicolás Maduro y su gavilla enquistada en el Consejo Nacional Electoral (antes lo hizo Tibisay Lucena) es, sin duda alguna, la madre de todos los fraudes y un caso que será objeto de estudio sobre el nivel de corrupción y manipulación que puede ocurrir en un sistema electoral.
Y es que, parafraseando al gran Gonzáles Prada, “en donde se ponga el dedo salta la pus” en esas elecciones, a pesar del compromiso asumido por el gobierno chavista en el Acuerdo de Barbados de llevar a cabo un proceso electoral limpio y transparente el proceso electoral venezolano estuvo a cargo de un Consejo Nacional Electoral presidido por Elvis Amoroso, miembro recalcitrante del Partido Unido Socialista de Venezuela y ex contralor general de ese país quien se encargó de inhabilitar a María Corina Machado durante su gestión.
Esta entidad puso además múltiples trabas a toda posibilidad de control del sistema electrónico de votación, especialmente por la comunidad internacional, excluyendo a todo organismo de observación electoral independiente para invitar solo a aquellos afines al régimen de Maduro.
A lo anterior se suman otras “incidencias” que se fueron presentando a lo largo del proceso, como el hostigamiento constante a la campaña de Machado y las continuas amenazas contra su vida, así como al posterior candidato de la oposición, el ex embajador Edmundo Gonzáles Urrutia; el uso vergonzoso de los medios y recursos estatales a favor de Maduro, así como la detención de varios líderes opositores.
Sin embargo, a nuestro entender lo más escandaloso fue la exclusión de millones de venezolanos en el extranjero que no pudieron ejercer su legítimo derecho al voto, ante los estrictos “requisitos” impuestos por el CNE, como contar con residencia permanente y tener actualizado su documento de identidad.
En el Perú, esta exclusión llevó a que solo 589 personas (esto es, apenas el 0.03%) del millón y medio de venezolanos que viven en el Perú pudieran votar el pasado 28 de julio.
A pesar de todo lo anterior, un factor que posibilitó la visibilidad el fraude electoral fue el “ejército” de voluntarios que logró congregar Machado y su equipo para controlar la votación en más del 90% de mesas instaladas, así como la masiva participación de la ciudadanía en un país donde el voto es voluntario.
Gracias a ello, hoy son de dominio público miles de actas que demuestran claramente la amplia votación obtenida por Gonzáles Urrutia y la derrota sufrida por Nicolás Maduro, quien ya no puede ocultar más su faz de dictador ante la comunidad internacional, más aún ante la terrible represión que está ejerciendo contra su pueblo.
Está claro, sin embargo, que el capítulo final de esta historia no ha sido aún escrito. Luego de la oportuna y muy valiente postura asumida por la Cancillería peruana para denunciar el calamitoso fraude electoral en Venezuela -a diferencia de un Defensor del Pueblo que parece olvidar el rol que esta institución jugó en la recuperación de nuestra democracia-, son cada vez más los países que se suman al reconocimiento de Gonzáles Urrutia como el legítimo Presidente de Venezuela, incluyendo Estados Unidos, países europeos e incluso algunos gobiernos de izquierda, como el de Chile. Del otro lado, es evidente el apoyo que Maduro recibe de países como Rusia y China, que ven en él a un aliado estratégico en América Latina.
En este orden de ideas, en el peor de los casos, el actual escenario podría llevar a un traslado del enfrentamiento político y económico que mantienen estas potencias entre sí -que hasta el momento se ha enfocado en el este de Europa- hacia América del Sur, lo que a su vez podría tener consecuencias imprevisibles.
Por lo pronto, deben adoptarse medidas para que el pueblo venezolano no pierda la esperanza de recuperar su libertad y su dignidad, en el marco de la caída de uno de los tantos opresores que marcaron con sangre la historia de nuestros países.
Si ello ocurre, tal vez esta historia nos sirva más bien para aprender a fortalecer nuestra democracia y seguir construyendo la tan ansiada institucionalidad en vez de destruirla.
* Abogado
Ex Vice Contralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control.