El martes 2 de julio, entró en vigencia una resolución de Migraciones que exige a ciudadanos venezolanos presentar el pasaporte ordinario de su país y la visa correspondiente. De esta forma, se anuló una norma previa del 12 de junio de 2019, que permitía a los venezolanos ingresar a Perú con pasaportes vencidos o, en el caso de menores de nueve años, con partidas de nacimiento.
Al respecto, diferentes expertos se mostraron en contra de la norma. Tal es el caso de Nela Herrera, presidenta de la ONG Ocasiven, quien advirtió que la nueva resolución podría incrementar la entrada irregular de migrantes venezolanos. En un diálogo con RPP, señaló que al poner más barreras, es más difícil controlar quién ingresa al país y pidió una evaluación flexible de los casos para evitar este problema.
Opinión de especialistas
Para comprender este panorama, Inforegión se contactó con Ricardo Valdés, quien también expresó su rechazo hacia la resolución. “Es importante la perspectiva de reunificación que contemplaba la normativa anterior, porque le daba más facilidades a los menores de edad que venían a reunirse con sus padres”, señaló el director ejecutivo de CHS Alternativo.
Asimismo, conversamos con Mario Cépeda, quien mencionó que la medida, vista desde el respeto a los derechos humanos, puede ser discriminatoria: “El objetivo de la norma es impedir el ingreso de las personas de nacionalidad venezolana al país, fundamentado en una supuesta búsqueda de orden en el proceso migratorio. No obstante, hay que verlo en un marco más grande. Un marco en el que hay discursos y narrativas rondando hace tiempo”.
Ambos expertos mencionaron que hay una narrativa en contra de los ciudadanos venezolanos que se viene expandiendo a nivel nacional y, en muchos casos, es impulsada por autoridades. Este discurso, coinciden, estigmatiza a la población venezolana y la muestra como una fuente de criminalidad e inseguridad ciudadana.
Incremento de entradas irregulares
Los expertos señalaron que, debido a los elevados costos de la documentación, esta medida puede incrementar las entradas irregulares. “Obtener pasaporte cuesta 360 dólares. Los migrantes vienen al país en circunstancias muy complicadas y no pueden costearlo. Lo que está haciendo esta medida es poner en situación de vulnerabilidad a los migrantes venezolanos frente a delitos como la trata de personas”, indicó Ricardo Valdés.
Por otro lado, Cépeda señaló que esta medida es perjudicial para el Estado peruano y para la población: “Al colocar mayores barreras para ingresar al país, no se va a lograr frenar la ola migratoria. En realidad, lo que se va a conseguir es que cada vez sean más los migrantes que ingresan al país de manera irregular”.
¿Qué hacer para manejar el flujo migratorio?
Al ser consultados sobre soluciones reales, tanto Cépeda como Valdés enfatizaron en la urgencia de atacar al problema desde la raíz y, en un trabajo regional, buscar soluciones para que la democracia retorne a Venezuela. Asimismo, mientras continúe la ola migratoria, recalcaron la importancia de coordinar con los países de destino o tránsito para ordenar a los migrantes en su camino, estableciendo rutas de retorno, por ejemplo.
“De momento, no se han realizado coordinaciones con el Gobierno colombiano, ecuatoriano ni con el chileno. Hay una gran cantidad de venezolanos que quieren regresar y lo hacen por los mismos caminos informales. Además, considero que la Superintendencia Nacional de Migraciones debería volver a considerar la posibilidad de restablecer los permisos temporales de permanencia. Esto permitiría incluir mejor a los venezolanos en la dinámica económica del país”, concluyó Ricardo Valdés.