Fiscalía solicita el documento oficial del nombramiento de Ismael Sutta
La Fiscalía de la Nación, por medio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, oficializó un requerimiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que entregue la Resolución Suprema N.° 016‑2023‑MTC, emitida el 28 de junio de 2023, mediante la cual se designó a Ismael Sutta Soto como viceministro de Transportes.
El pedido fue cursado con carácter “muy urgente” a través del Oficio N.° 214‑2025‑[29]‑MP‑FN‑AEIDC, fechado el 13 de octubre de 2025, y está firmado por el fiscal adjunto supremo Wilfredo Alex Rivera Baltazar.
Según la solicitud, el MTC deberá remitir el documento original dentro de un plazo de 48 horas tras la notificación. Este requerimiento forma parte de las diligencias que sustenta una investigación fiscal por enriquecimiento ilícito en contra de Sutta.
Sutta permanece en el cargo pese a cuestionamientos
De acuerdo con la web institucional del MTC, Ismael Sutta continúa ejerciendo como viceministro de Transporte, incluso después de la salida de César Sandoval y el nombramiento de Aldo Prieto como titular del ente. Su nombramiento data del 29 de junio de 2023 y hasta la fecha no ha sido removido.
Este hecho cobra relevancia en medio de las investigaciones activas que pesan sobre el funcionario, lo que plantea preguntas sobre la continuidad en cargos públicos mientras se indagan acusaciones graves de corrupción.
Acusaciones fiscales en Cusco: un historial que lo sigue
Una serie de investigaciones regionales han salpicado la trayectoria de Sutta, especialmente en su paso por la Municipalidad Provincial del Cusco. Entre los procesos que se le imputan se encuentran:
- Peculado y cobros irregulares como regidor: La Tercera Fiscalía Superior Penal de Cusco investiga denuncias que datan de 2013 sobre percepciones indebidas y manejo irregular de dietas municipales.
- Abuso de autoridad y delitos contra la fe pública: En 2016, la Segunda Fiscalía Provincial abrió indagaciones por supuestos actos irregulares cuando Sutta fue gerente de Tránsito y Transporte del municipio cusqueño.
- Tráfico de influencias en 2025: Una denuncia llegó este año por presunta gestión de una licencia de conducir mediante su identidad como viceministro, aunque aún se investiga la autenticidad del hecho.
- Hallazgos de la Contraloría: Entre 2019 y 2022, informes de control revelaron pérdidas al Estado superiores a los 700 mil soles vinculadas a irregularidades en papeletas de tránsito y responsabilidad administrativa.
- Acumulación de viceministerios: Investigaciones periodísticas sugieren que Sutta ocupó simultáneamente el viceministerio de Transportes y el encargo del Viceministerio de Comunicaciones, lo cual generó cuestionamientos sobre su respaldo político.
Estas denuncias consolidan un panorama complicado para el funcionario y motivan la exigencia del documento de nombramiento como paso para transparentar su permanencia en el cargo.
¿Por qué la fiscalía exige esa resolución?
El requerimiento de la resolución de nombramiento busca establecer cómo se produjo el ingreso de Sutta al cargo público, lo cual es clave en una investigación por posible enriquecimiento ilícito, pues permite:
- Verificar la autoridad legal y formal que lo puso en funciones.
- Determinar si hubo vicios procedimentales o violaciones normativas al nombrarlo.
- Constituir un punto de partida para cuantificar ingresos, bienes y responsabilidades frente a las acusaciones fiscales.
El carácter “muy urgente” del pedido muestra la premura con la que el Ministerio Público quiere contar con esa pieza documental para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Riesgos y precedentes: funcionar bajo investigación
La permanencia de Sutta en el cargo mientras afronta investigaciones de corrupción plantea un dilema institucional: ¿es compatible con la integridad del Estado que un funcionario con denuncias graves siga en funciones sin pronunciamiento judicial firme?
En otros casos, las instituciones optan por suspender provisionalmente a los involucrados para preservar la confianza pública y evitar conflicto de interés. En el caso de Sutta, hasta ahora no se ha adoptado esa medida.
Además, su continuidad envía señales políticas y administrativas sobre cómo el Ejecutivo maneja los casos de presunta corrupción dentro de sus filas.
MTC está obligado a responder: luces sobre la transparencia
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene ahora la obligación de enviar la Resolución Suprema 016‑2023‑MTC al Ministerio Público en un plazo de 48 horas. Si no lo hace, podría ser considerado obstrucción a la justicia o una falta administrativa grave.
Esa resolución no solo es un documento simbólico: constituye la base legal que sustenta el nombramiento de Sutta, pieza necesaria para que la fiscalía avance con su caso.
Transparencia en juego
El pedido de la Fiscalía para que el MTC entregue la resolución que nombró viceministro a Ismael Sutta es un paso decisivo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el funcionario. Con un historial lleno de denuncias en Cusco, irregularidades identificadas por la Contraloría y señalamientos mediáticos, Sutta sostiene su cargo under cuestionamiento.
La exigencia fiscal no solo busca transparencia documental: apunta a que la ciudadanía conozca cómo y bajo qué condiciones un funcionario en ejercicio entra en funciones, lo cual es esencial para la rendición de cuentas y la credibilidad institucional.
Mientras la resolución no sea entregada y se esclarezcan las investigaciones en curso, la permanencia de Sutta en el MTC seguirá suscitando dudas sobre la coherencia de un Estado que aspira a combatir la corrupción.