Un nuevo golpe al tráfico ilegal de madera se registró en la Amazonía peruana. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) logró incautar 19 876 piezas de madera de origen ilícito que se encontraban acopiadas en las riberas del río Ucayali, una de las principales vías fluviales de transporte en la región. El operativo se realizó en el sector Puerto La Marina, en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, y vuelve a poner en evidencia la presión constante del crimen ambiental sobre los bosques amazónicos.
La intervención fue ejecutada por la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, en coordinación con diversas autoridades, durante un patrullaje fluvial que permitió detectar grandes volúmenes de madera flotando en boyas y acumulados directamente en la ribera del río. De acuerdo con información oficial del Ministerio Público, el material forestal no contaba con documentación que acreditara su procedencia legal, por lo que fue considerado de presunto origen ilícito.
Operativo fiscal en plena ribera del río
Según la investigación liderada por el fiscal adjunto provincial Iddo Nolberto Valverde Velásquez, las autoridades identificaron un total de 19 876 pies tablares de madera, correspondientes a 106 árboles talados ilegalmente. Entre las especies incautadas figuran 50 ejemplares de lupuna, 40 de cumala y 16 de huimba, todas consideradas de alto valor comercial y frecuentemente explotadas por redes dedicadas a la tala ilegal en la Amazonía.
El hallazgo se produjo en una zona estratégica del río Ucayali, utilizada recurrentemente para el acopio y transporte clandestino de madera, aprovechando la geografía fluvial y la limitada presencia estatal permanente. Especialistas forestales confirmaron que la madera había sido preparada para su posterior traslado, presumiblemente hacia mercados regionales o nacionales, donde este tipo de productos suele ingresar mediante mecanismos de blanqueo forestal.
Aplican interdicción y reducen valor comercial
Tras verificar la ilegalidad del cargamento, el fiscal a cargo del caso dispuso la interdicción inmediata de la madera incautada, en aplicación del Decreto Legislativo N.° 1220, que faculta al Ministerio Público a reducir el valor comercial de bienes provenientes de actividades ilícitas ambientales.
En ese marco, se ordenó el corte motoaserrado de las piezas, una medida que busca evitar que la madera decomisada vuelva a ingresar al circuito ilegal. Esta práctica, cada vez más utilizada en operativos contra la tala ilegal, apunta a desincentivar el delito ambiental, afectando directamente la rentabilidad de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico forestal.
La diligencia contó con la participación de personal de la Policía Nacional del Perú, encargado de la búsqueda de los presuntos responsables, así como de representantes de entidades competentes en materia forestal. Un especialista de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre realizó la identificación, conteo y geolocalización exacta del material incautado, información clave para sustentar el proceso fiscal.
Ucayali y la presión del crimen ambiental
La región Ucayali se mantiene como uno de los principales focos de deforestación y delitos ambientales en el país. Diversos informes oficiales y de organizaciones especializadas han advertido que los ríos amazónicos continúan siendo usados como corredores logísticos para el traslado de madera ilegal, ante la dificultad de control permanente en zonas de difícil acceso.
Este caso se suma a una serie de intervenciones ejecutadas por la FEMA en los últimos meses, que revelan un patrón persistente: tala selectiva de especies valiosas, acopio temporal en riberas fluviales y posterior transporte hacia centros urbanos. En muchos casos, la madera ilegal termina siendo “legalizada” mediante documentos falsos o permisos obtenidos de forma irregular.
Compromiso fiscal frente al tráfico forestal
Mediante un comunicado oficial, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental reafirmó su compromiso de intensificar las acciones contra el tráfico ilegal de productos forestales, un delito que no solo impacta en los ecosistemas amazónicos, sino que también afecta a comunidades indígenas, genera economías ilegales y contribuye al cambio climático.
“La lucha contra la tala ilegal requiere presencia constante del Estado y un trabajo articulado entre fiscalía, policía y autoridades forestales”, señalaron fuentes del Ministerio Público, al destacar que este tipo de operativos buscan proteger los recursos naturales y fortalecer el principio de autoridad en zonas históricamente vulnerables al crimen ambiental.
Investigación en curso y posibles responsabilidades
Hasta el cierre de esta nota, las investigaciones continúan para identificar a los responsables del acopio ilegal de la madera. No se descarta que detrás del cargamento incautado existan redes organizadas dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de recursos forestales, un delito que puede acarrear penas privativas de libertad, además de sanciones administrativas y civiles.
El Ministerio Público ha señalado que las próximas diligencias estarán orientadas a determinar la cadena de responsabilidad, desde la tala hasta el transporte y posible comercialización del producto incautado. Asimismo, se evaluará si existen antecedentes de operaciones similares en la misma zona del río Ucayali.