La Fiscalía Anticorrupción de Sullana consiguió que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), investigados por el delito de cohecho pasivo propio. La medida alcanza al mayor Francy Barzola, comisario de la dependencia El Obrero, y a los suboficiales Andy Llenque y Richard Cherres, señalados de solicitar un soborno a un ciudadano a cambio de no internar su vehículo en el depósito.
Según la investigación del Ministerio Público, los agentes habrían exigido S/ 5000 como condición para devolver la unidad intervenida durante un operativo policial. El vehículo aparecía con una orden de captura, pero el conductor acreditó con documentos que dicha medida ya no estaba vigente. Pese a ello, los policías insistieron en el pago, lo que abrió la investigación por presuntos actos de corrupción.
¿Cómo sustentó la Fiscalía el pedido de prisión preventiva?
Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Harold Martínez Requena presentó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los tres imputados con el delito investigado. También acreditó la existencia de peligro procesal, es decir, la posibilidad de que los investigados obstruyan la justicia o no se sometan al proceso. La prognosis de pena, superior a cinco años de cárcel, reforzó el pedido fiscal ante el juez, que finalmente resolvió enviarlos al penal de Piura mientras continúan las diligencias.
Esta medida cautelar busca garantizar el avance de la investigación fiscal y asegurar la presencia de los acusados en las siguientes etapas del proceso. La Fiscalía precisó que el caso constituye un claro ejemplo de abuso de autoridad y corrupción en el ejercicio policial, delitos que afectan directamente la confianza ciudadana en las instituciones.
Corrupción policial bajo la lupa en Piura
El caso reaviva el debate sobre la persistencia de prácticas corruptas dentro de algunas dependencias policiales en la región norte. No se trata de un hecho aislado: informes de la Procuraduría Anticorrupción han alertado sobre el aumento de denuncias por cobros indebidos, coimas y actos de extorsión cometidos por funcionarios en diferentes niveles del Estado.
La detención de un comisario en funciones junto a sus subalternos refleja la vulnerabilidad institucional de la Policía frente a redes de corrupción que operan desde el interior mismo de las comisarías. Organizaciones civiles de Sullana demandan mayor control interno y sanciones ejemplares que desincentiven estas prácticas.
Compromiso del Ministerio Público
A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público ratificó su compromiso de perseguir con firmeza los delitos que afectan los intereses públicos, independientemente de los cargos o rangos de los implicados. La medida contra los tres policías se enmarca en una estrategia de lucha frontal contra la corrupción policial, considerada uno de los principales obstáculos para la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.
Los tres agentes permanecerán en prisión preventiva en el penal de Piura mientras avanza la investigación. La Fiscalía continuará recabando pruebas y testimonios que permitan determinar la responsabilidad penal de los acusados y, eventualmente, solicitar una condena ejemplar.