El Ministerio Público obtuvo 283 sentencias condenatorias por trata de personas, explotación sexual y delitos conexos entre enero y setiembre de 2026. En el mismo periodo, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) consiguieron 108 prisiones preventivas y ejecutaron 83 operativos de allanamiento, descerraje e incautación en distintas regiones del país.
Los resultados corresponden al balance presentado por el Ministerio Público en el marco del duodécimo aniversario de creación del subsistema especializado en la persecución de estos delitos. Según la institución, las intervenciones permitieron desarticular organizaciones criminales y rescatar a víctimas en diferentes zonas del territorio nacional.
Trata de personas: 283 condenas en nueve meses
Las 14 fiscalías especializadas desplegadas en distintos distritos fiscales concentraron sus acciones en investigar y perseguir redes vinculadas con la trata de personas y la explotación sexual, además de otros delitos asociados a la criminalidad organizada.
A las 283 condenas obtenidas se suman las 108 prisiones preventivas conseguidas durante los primeros nueve meses del año. Esta última medida busca asegurar la presencia de los investigados durante el proceso penal cuando se cumplen los requisitos establecidos por ley; no constituye, por sí misma, una sentencia condenatoria.
El Ministerio Público también reportó 83 operativos estratégicos de allanamiento, descerraje e incautación, como parte de las acciones dirigidas a intervenir las redes delictivas y reunir elementos para las investigaciones fiscales.
Redes vinculadas a otros delitos
La coordinadora nacional de las FISTRAP, la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, señaló que el trabajo del subsistema especializado comprende no solo la persecución de la trata de personas, sino también la investigación de delitos conexos vinculados con organizaciones criminales.
Entre ellos mencionó actividades relacionadas con la minería ilegal y las extorsiones. La institución también identificó casos de explotación laboral y captación de víctimas mediante plataformas digitales.
“Detrás de cada cifra, cada carpeta fiscal, hay un nombre, una historia y una vida en riesgo”, sostuvo Gala Gálvez, quien destacó la necesidad de proteger la dignidad humana y mantener los esfuerzos para llevar estos casos ante la justicia.
Seis jurisdicciones concentran casos
De acuerdo con el balance fiscal, Lima Centro, Lima Norte, Loreto, Piura, Arequipa y Madre de Dios registraron la mayor carga de casos durante el periodo evaluado.
La distribución territorial evidencia los desafíos que afrontan las fiscalías especializadas para investigar delitos que pueden involucrar distintas modalidades de captación, explotación y actuación de redes criminales. El Ministerio Público señaló que sus intervenciones se organizaron en función de la carga procesal de cada jurisdicción.
La institución no precisó en el balance difundido el número de casos correspondiente a cada distrito fiscal ni el total de víctimas rescatadas durante los operativos.
Doce años de fiscalías especializadas
El balance se presentó durante la conmemoración de los 12 años de creación del subsistema especializado contra la trata de personas en el Perú. La Fiscalía destacó la coordinación con la Policía Nacional del Perú y organizaciones cooperantes, entre ellas OUR Rescue y Homeland Security Investigations (HSI).
En la ceremonia participaron el fiscal supremo titular Víctor Raúl Rodríguez Monteza; Sonia Chávez Gil, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro; Marjorie Silva Velasco, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este; y Jenifer Flores Seña, oficial nacional contra la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).