¿Debe el Estado gastar millones en vehículos de lujo? Congreso busca frenar estas adquisiciones
El Congreso de la República ha recibido un nuevo proyecto de ley que propone frenar el uso de recursos públicos en la adquisición de vehículos de alta gama por parte de entidades estatales. La iniciativa, presentada por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú), surge en medio del escándalo por la polémica compra de 168 autos de alta gama para la Policía Nacional del Perú (PNP), incluidos lujosos modelos Audi.
¿Qué propone exactamente el Proyecto de Ley N° 12211/2025-CR?
El proyecto de ley plantea prohibir la adquisición de vehículos de alta gama por parte de instituciones clave del Estado, como:
- Policía Nacional del Perú (PNP)
- Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea)
- Ministerios del Poder Ejecutivo
- Congreso de la República
- Entidades adscritas o vinculadas al Ejecutivo
La medida incluye excepciones limitadas, exclusivamente para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, así como para vehículos especiales destinados a operaciones tácticas, rescate, defensa nacional o misiones de alto riesgo.
¿Por qué se propone esta ley ahora?
El detonante de esta propuesta es el caso que involucra al teniente general Víctor Zanabria, ex jefe del Comando Policial, quien autorizó la compra de 168 vehículos por un monto de 17.3 millones de soles. Esta adquisición incluyó:
- 8 camionetas Audi Q5 para altos oficiales
- 40 camionetas Toyota RAV4
- 120 vehículos Toyota Corolla
El gasto, revelado en medios nacionales, generó una fuerte crítica pública y cuestionamientos sobre la priorización del gasto estatal, especialmente en un país donde gran parte de la población enfrenta precariedad económica y falta de acceso a servicios básicos.
¿Cómo se fiscalizarían las futuras adquisiciones?
El artículo 5 del proyecto establece un sistema de fiscalización en tiempo real, liderado por la Contraloría General de la República, que deberá recibir información previa obligatoria sobre cualquier adquisición vehicular.
A su vez, el MEF tendrá la responsabilidad de validar el gasto, evaluando criterios de:
- Necesidad institucional
- Proporcionalidad del gasto
- Cumplimiento de la norma
Toda compra que no cumpla con lo dispuesto será considerada nula y generará responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios responsables.
¿Qué sanciones establece la norma para quienes incumplan?
En caso de que alguna institución del Estado adquiera vehículos de alta gama en contra de lo dispuesto por esta ley, se considerará una falta grave, lo cual podría implicar:
- Sanciones administrativas
- Responsabilidad civil
- Procesos penales
Además, el Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días calendario desde la aprobación de la norma para reglamentar su implementación y adecuar otras normativas relacionadas.
¿Cuál es el argumento central del congresista Juan Burgos?
En su exposición de motivos, el legislador Juan Burgos sostiene que el objetivo del proyecto es:
“Prevenir el uso ineficiente de recursos públicos y reforzar la transparencia y la austeridad en el manejo presupuestal del Estado.”
Burgos subraya que estas adquisiciones “generan un impacto negativo en la confianza de la ciudadanía” cuando ocurren en un contexto de necesidades sociales insatisfechas.
¿Cuál ha sido la reacción pública ante este tipo de adquisiciones?
La revelación de la compra de vehículos de lujo por parte de la PNP fue ampliamente rechazada por la opinión pública, generando indignación en redes sociales y críticas desde diversos sectores. Para muchos, el hecho representa un claro ejemplo de desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades reales de la población.
¿Puede prosperar este proyecto de ley en el Congreso?
Aún es temprano para saber si esta propuesta será aprobada, pero llega en un contexto donde el discurso de austeridad estatal ha cobrado fuerza, especialmente tras escándalos que involucran gastos excesivos o mal uso de fondos públicos.
Si consigue apoyo multipartidario, podría convertirse en una señal política clara de respuesta ante la presión ciudadana.
¿Qué implicaría para el futuro del gasto público?
De aprobarse, esta ley establecería límites concretos al gasto superfluo, obligando a las entidades estatales a ser más eficientes y transparentes en sus adquisiciones. Además, puede sentar un precedente para revisar otros rubros de gasto cuestionable, como viajes, consultorías o remodelaciones innecesarias.
