La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que prorroga la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2019, norma que establece medidas para fortalecer la seguridad vial y apoyar financieramente al sector transporte mediante la devolución parcial del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al diésel. La decisión se adoptó con 21 votos a favor y 2 abstenciones, y permitirá que el beneficio se extienda hasta el 31 de diciembre de 2028.
La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 13590/2025-PE y tiene como público objetivo a los transportistas que prestan el servicio de transporte público terrestre de carga y transporte regular de personas a nivel nacional, siempre que cumplan con criterios de formalidad establecidos por la normativa vigente.
¿En qué consiste el beneficio tributario?
El Decreto de Urgencia 012-2019 contempla la devolución del 53 % del ISC que forma parte del precio de venta del combustible diésel B5 y B20, siempre que este tenga un contenido de azufre menor o igual a 50 partes por millón (ppm). El beneficio busca aliviar el impacto del alto costo de los combustibles en un sector altamente sensible a la variación de los precios internacionales y al tipo de cambio.
Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), explicó que esta devolución constituye un incentivo directo para promover la formalidad en el transporte público terrestre, tanto de carga como de pasajeros.
Condiciones para acceder a la devolución del ISC
Flores Ruiz precisó que los transportistas beneficiarios deben cumplir una serie de condiciones mínimas obligatorias, entre ellas:
- Contar con autorización vigente otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
- Emitir comprobantes de pago electrónicos.
- Cumplir con los márgenes de antigüedad del parque automotor que establezca la normativa.
- Operar dentro del marco legal y administrativo vigente.
Estas exigencias, según el dictamen, buscan asegurar que el beneficio tributario llegue únicamente a empresas formales, evitando distorsiones en el mercado y reduciendo prácticas informales en el sector transporte.
Impacto económico en un sector clave
El presidente de la Comisión de Economía recordó que el transporte público terrestre representa una fuente de empleo significativa en el país, con cerca de un millón y medio de personas vinculadas directamente a esta actividad. Sin embargo, advirtió que el sector enfrenta constantes presiones económicas debido a la volatilidad del precio internacional del combustible, sumada al impacto del tipo de cambio.
En ese contexto, la devolución del ISC cumple un rol estabilizador, al permitir que las empresas de transporte reduzcan sus costos operativos y mantengan la continuidad del servicio, especialmente en rutas de larga distancia y zonas alejadas del país.
Formalidad y sostenibilidad del transporte
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la prórroga del DU 012-2019 resulta necesaria para consolidar un modelo de transporte más formal, seguro y sostenible. El beneficio tributario está diseñado como una herramienta de política pública que premia el cumplimiento normativo, incentivando la renovación del parque automotor y el respeto de las reglas fiscales.
“El beneficio permite fortalecer la sostenibilidad financiera y económica del transporte público terrestre”, señaló Flores Ruiz, al subrayar que la medida no solo tiene un impacto tributario, sino también social y laboral.
Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028
De acuerdo con el dictamen aprobado, la prórroga tendrá una vigencia adicional de tres años, extendiendo el beneficio hasta fines de 2028. Esta ampliación brinda previsibilidad al sector transporte, permitiendo una mejor planificación de inversiones, renovación de flotas y formalización de operaciones.
Al tratarse de una primera votación, la propuesta deberá ser sometida a una segunda votación para su aprobación definitiva. No obstante, el amplio respaldo obtenido en la Comisión Permanente anticipa un escenario favorable para su ratificación.
La continuidad de este beneficio se inscribe en un contexto de debate más amplio sobre el rol del Estado en el sostenimiento de sectores estratégicos y el equilibrio entre recaudación fiscal, formalidad y competitividad económica.