El transporte público en Ventanilla atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Los conductores de la Línea 41 han ratificado la paralización de sus operaciones tras denunciar que, pese a cumplir con el pago de cuotas extorsivas impuestas por organizaciones criminales, las amenazas contra sus vidas no han disminuido.
La situación ha escalado a un nivel de desconfianza total dentro del gremio. Según lo señalado por los propios transportistas, cada conductor aporta diariamente la suma de 100 soles, monto supuestamente destinado a «alinearse» con las bandas que operan en la zona para garantizar su integridad. Sin embargo, la persistencia de las intimidaciones ha generado severas sospechas entre los trabajadores sobre el destino final de este dinero.
Exigencia de transparencia
Ante la incertidumbre, los voceros de los choferes han condicionado el retorno de las unidades a la presentación de pruebas claras. Los transportistas exigen que la administración exhiba los comprobantes de los depósitos realizados a los grupos delictivos, buscando verificar si el capital recaudado realmente está siendo entregado a las bandas o si está siendo desviado.
El caso ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú y la unidad de investigación de la Depincri del sector. No obstante, los trabajadores han sido enfáticos: de no establecerse una solución transparente y canales de comunicación efectivos, los vehículos permanecerán guardados de manera indefinida, dejando desatendida gran parte de la ruta en este sector del Callao.