Por: Joice Cardenas Ramirez
La crisis del combustible ha dejado de ser un problema exclusivo de los dueños de camiones para convertirse en una amenaza directa a la mesa familiar. A horas del paro convocado para este 12 de marzo, la Unión Nacional de Transportistas (UNT) ha lanzado una advertencia que debería hacer eco en los pasillos de Palacio: el costo de vida en el Perú está a punto de dar un salto.
En una entrevista exclusiva con CARETAS, el representantes del gremio Javier Marchese, reveló que la rentabilidad del sector ha tocado fondo. Con un galón de diésel que ya supera los 21 soles, el transporte de carga pesada ha pasado de la preocupación a la supervivencia.
Vocero advierte un efecto dominó
El diagnóstico es brutal. Marchese advierte desabastecimiento y asegura que el combustible representa hoy el 40% de sus costos operativos. Ante la negativa de los clientes de reconocer este incremento en los fletes, el resultado es uno solo: la paralización silenciosa o el traslado del costo al consumidor final.
«No nos quedaría más que multiplicar muy fuerte nuestros fletes, lo cual va a incidir en la canasta básica que ya en los mercados se está sintiendo con el aumento de los precios de los bienes perecederos», advirtió.
La logística nacional es, por definición, dependiente del motor diésel. El arroz de Lambayeque, el limón de Piura o la carne de la sierra no llegan por arte de magia. «Todo lo que usted tiene a su alrededor se ha movido en un camión. Afectamos a todos: la comida, el arroz, el pescado», recalca, subrayando que el riesgo de desabastecimiento en Lima es una posibilidad real si el Ejecutivo no reacciona hoy mismo.
Transportistas piden eliminar el impuesto al consumo
Para los transportistas, el Gobierno no solo ha llegado tarde; ha ignorado las señales de auxilio durante semanas. Mientras el fondo de reactivación se consume en días y los grifos operan bajo un mercado libre sin control, el transportista se siente el «paliativo» de una crisis energética mal gestionada.
La exigencia es puntual: eliminar temporalmente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y cumplir con la devolución del 60% de los peajes prometida hace dos años. Sin estas medidas, el flete seguirá subiendo y, con él, la inflación que ya castiga a los hogares más vulnerables.
«Los transportistas no somos los responsables del aumento que va a suceder en la canasta básica familiar… el Gobierno nos está tratando con una total indiferencia y eso va a traer consecuencias muy lamentables para todo el Perú», concluye el representante.
Un futuro incierto
La pelota está ahora en la cancha de la PCM. El gremio ha propuesto un plazo de 15 días para que el Gobierno implemente soluciones tangibles, cansados de actas firmadas que terminan en el olvido. «Nos han ofrecido el oro y el moro y resulta que a las finales no han cumplido lo firmado», sentencia.
El impacto de lo que se decida en las próximas horas no solo definirá la fluidez de las carreteras, sino el precio del plato de comida en cada hogar peruano. En un mercado libre donde los grifos «hacen lo que quieren», el transportista se siente el eslabón más débil de una cadena que está a punto de romperse por la indiferencia estatal.