Congreso aprueba prórroga para garantizar continuidad digital
La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley N.º 13317/2025-CR, que modifica la Ley N.º 31665 y amplía el plazo para que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) continúe validando firmas y certificados digitales en el país. La medida obtuvo 23 votos a favor, consolidando el respaldo parlamentario a una norma orientada a asegurar la continuidad de los servicios digitales del Estado.
La decisión se adoptó en un contexto de creciente dependencia de los procedimientos electrónicos en la administración pública, donde la certificación digital se ha convertido en un componente clave para la seguridad jurídica, la interoperabilidad y la eficiencia de los trámites estatales.
Qué cambia con la modificación legal
Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, el congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), explicó que el texto sustitutorio modifica los artículos 1 y 3 de la Ley N.º 31665, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa del sistema de certificación digital mientras culminan los procesos de acreditación formal.
En concreto, la norma prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la autorización que permite a la Sunat seguir desempeñando funciones como Entidad de Registro o Verificación para el Estado Peruano (EREP), de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.
El rol de Sunat en la infraestructura digital del Estado
Desde hace varios años, la Sunat cumple un papel central en la validación de identidades digitales, una función crítica para garantizar que documentos electrónicos, contratos, resoluciones y trámites administrativos cuenten con respaldo legal y trazabilidad.
La ampliación del plazo evita una posible interrupción de estos servicios, lo que habría generado impactos directos en entidades públicas, empresas y ciudadanos que dependen del uso de firmas digitales para operar con el Estado. Según el dictamen aprobado, la continuidad de esta función es indispensable mientras se culmina el proceso de adecuación normativa y técnica.
Acreditación ante Indecopi desde 2028
El texto aprobado también establece un escenario posterior. A partir del 1 de enero de 2028, la Sunat podrá continuar ejerciendo las funciones de Entidad de Registro o Verificación siempre que complete el procedimiento de acreditación ante Indecopi, organismo responsable de supervisar y certificar a las entidades que prestan servicios de certificación digital.
Para este proceso, la norma fija un plazo máximo de 120 días hábiles para que Indecopi concluya la evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento vigente de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. El objetivo es asegurar una transición ordenada hacia un sistema plenamente acreditado y competitivo.
Igualdad de condiciones en el mercado digital
Un punto relevante del dictamen es que, una vez obtenida la acreditación como EREP, la Sunat podrá seguir celebrando acuerdos vinculados a la prestación de servicios de certificación digital, pero en igualdad de condiciones con cualquier otra entidad debidamente acreditada.
Este enfoque busca evitar ventajas regulatorias indebidas y promover un entorno más transparente y competitivo en el mercado de servicios digitales, alineado con los principios de neutralidad tecnológica y libre competencia.
Importancia para la transformación digital del Estado
La prórroga aprobada por el Congreso se enmarca en los esfuerzos del Estado por consolidar la transformación digital, reducir la burocracia y fortalecer la confianza en los sistemas electrónicos. En un contexto donde los trámites virtuales, el gobierno digital y la interoperabilidad institucional avanzan de manera acelerada, la certificación digital se ha convertido en una infraestructura crítica.
Desde el Parlamento, se remarcó que la medida no solo garantiza continuidad operativa, sino que también brinda predictibilidad jurídica a las entidades públicas y privadas que utilizan firmas digitales en sus procesos diarios.