La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intensificó este 2025 su ofensiva contra la minería informal e ilegal en el país. Según el último reporte, en lo que va del año se han intervenido más de 22,500 toneladas de insumos químicos y productos mineros que no cumplían los requisitos de ley. Estas operaciones, desplegadas en carreteras, plantas de beneficio y zonas de producción, buscan cortar el suministro de materiales claves para la extracción ilícita de oro y otros minerales.
La minería ilegal no solo representa un golpe contra la economía formal del Perú, sino que también está vinculada a mafias criminales, deforestación y contaminación de ríos con mercurio y cianuro. Por ello, el trabajo de la Sunat es considerado una de las principales líneas de defensa del Estado frente al avance de esta actividad.
Incautaciones y decomisos en todo el país
De acuerdo con la Sunat, los operativos permitieron incautar 18,841 toneladas de insumos químicos y minerales en distintas regiones, además de comisar 3,605 toneladas adicionales. También se inmovilizaron 126 toneladas, con lo que se evitó que ingresen al circuito de la minería informal.
Los productos más intervenidos fueron cemento, hidrocarburos, explosivos, mercurio y minerales en bruto, insumos esenciales para procesar oro de manera ilegal. El informe detalla que las acciones no solo se centraron en carreteras, sino también en plantas de beneficio, instalaciones donde se concentra el mineral para su posterior comercialización.
En total, la Sunat realizó 219 inspecciones en plantas de beneficio, con especial atención en las zonas críticas: La Libertad (Trujillo y Pataz), Áncash (Santa), Arequipa (Chala), Madre de Dios e Ica (Nazca).
Control en carreteras y vehículos
La ofensiva contra la minería ilegal también se reflejó en el control de 115,889 vehículos de carga en corredores logísticos y carreteras estratégicas. Muchas de estas unidades transportaban insumos sin sustento legal o con documentación adulterada.
En la provincia de Pataz, La Libertad, se realizaron 13,794 intervenciones, con 31 hallazgos de bienes en infracción. Allí se incautaron más de 123 toneladas de cemento, 31 toneladas de hidrocarburos, 300 toneladas de mineral, además de nueve vehículos pesados, entre ellos excavadoras, tractores oruga y rodillos compactadores.
Estas acciones golpean directamente a las cadenas logísticas que permiten la expansión de la minería ilegal en zonas donde el Estado tiene presencia limitada.
Estrategia de la Sunat: trazabilidad y control
La estrategia institucional está liderada por la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, que ha reforzado su capacidad operativa. El enfoque principal es garantizar la trazabilidad de los productos químicos que se utilizan en la minería, desde su ingreso al país hasta su destino final.
Un componente crucial ha sido la instalación de puestos de control fijos y móviles en carreteras de acceso a las principales cuencas mineras, especialmente en la sierra norte y sur, donde operan mafias con alto poder económico.
La Sunat también actúa de manera interinstitucional, en coordinación con la Policía Nacional, la Marina de Guerra, el Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente. El objetivo: no solo incautar materiales, sino desarticular a las organizaciones que financian y controlan este negocio ilícito.
El epicentro: Pataz y Madre de Dios
El distrito de Pataz, en La Libertad, se ha convertido en el epicentro de las acciones de control. Esta provincia concentra una fuerte presencia de minería ilegal, muchas veces vinculada con violencia, extorsión y homicidios. La presencia de la Sunat en esta zona busca frenar el flujo de insumos que sostienen la actividad ilícita.
Por su parte, en Madre de Dios, región amazónica devastada por la minería ilegal, los controles se han intensificado en vías terrestres y fluviales. Aquí, la extracción ilegal de oro ha generado enormes pasivos ambientales, afectando áreas protegidas como la Reserva Nacional Tambopata.
¿Qué se busca lograr con estos operativos?
La gran pregunta es: ¿puede el control de insumos químicos realmente detener la expansión de la minería ilegal? Para los especialistas, la respuesta es que esta medida reduce significativamente la capacidad operativa de las mafias, pero debe ir acompañada de un mayor control territorial, alternativas económicas para las comunidades y procesos judiciales más eficaces.
En otras palabras, las incautaciones son un paso clave, pero insuficiente si no se rompe el círculo de corrupción, lavado de activos y violencia que rodea a esta actividad ilícita.
Impacto económico y ambiental
La minería ilegal mueve miles de millones de soles al año fuera del circuito formal. Este dinero no paga impuestos, pero financia redes de criminalidad que afectan a todo el país. Además, el uso indiscriminado de mercurio y cianuro contamina ríos y suelos, poniendo en riesgo la salud de miles de personas, en especial comunidades nativas amazónicas.
La Sunat ha reiterado que sus acciones no solo buscan recaudar y fiscalizar, sino también contribuir a la defensa ambiental y social. Al controlar el tránsito de insumos químicos, se limita el impacto ambiental devastador de esta actividad.
Los resultados de la Sunat en lo que va del 2025 muestran una ofensiva más sostenida contra la minería ilegal, con cifras que reflejan miles de toneladas de insumos y minerales retirados del circuito ilícito. Sin embargo, el reto continúa siendo enorme: la minería ilegal sigue extendiéndose, respaldada por economías informales locales y grupos criminales organizados.
El combate requiere coordinación permanente entre instituciones, inversión en control territorial y alternativas económicas sostenibles. Mientras tanto, la intervención de más de 22,500 toneladas marca un avance importante en la lucha contra una de las mayores amenazas sociales, económicas y ambientales que enfrenta el Perú.