En el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora este 16 de octubre, una reciente encuesta realizada por el proyecto Género y Discapacidad revela que solo 1 de cada 10 mujeres con discapacidad física ha utilizado el transporte público, debido a la falta de sensibilidad de los transportistas sumado a que no existe una fiscalización de parte de las autoridades.
Debido a esta situación, el colectivo de mujeres con discapacidad física y visual viene impulsando la campaña #Ponte en mi lugar, para dar cuenta de las diferentes situaciones de discriminación que enfrentan y que en muchos casos les impide salir a estudiar, al hospital o trabajar.
“Yo tengo discapacidad física a causa de una artrosis severa, cuando tenía bastón utilizaba el transporte público, pero ahora que uso silla de ruedas, es imposible. Cuando tengo que desplazarme debo tomar un taxi que supera los 70 soles desde mi casa hasta el hospital para mis chequeos”, aseguró Carmen Cutipa, integrante de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad (Frater).
Por su parte, Maritza Quispe, vocera del proyecto Género y Discapacidad en Puno demandó a las autoridades y las empresas de transporte sensibilizar a los conductores y operadores de transporte público sobre la importancia de ser respetuosos hacia las personas con discapacidad.
El colectivo de mujeres con discapacidad demandó a las autoridades promover el uso de vehículos accesibles, como autobuses y micros con espacios designados para sillas de ruedas, rampas de acceso y sistemas de seguridad. “En el caso del Metropolitano o el tren, en teoría son accesibles, pero en la realidad, por la gran cantidad de gente que lo usa es imposible que podamos subir o debemos hacerlo en horas específicas, de poca afluencia”.
PASE LIBRE
Según la Ley Nº 30412, las personas con discapacidad severa pueden hacer uso del pase libre en servicios del buses y combis (para Lima y regiones), presentando el carné amarillo del Conadis, sin embargo, en la realidad, no se cumple. Liz Gamarra, mujer usuaria de silla de ruedas de Junín, denunció que en las regiones no se cumple con esta ley y que en su caso ha tenido que denunciar en distintas entidades este incumplimiento.
“He tenido que pelear muchas veces porque se respeten mis derechos y cuando he podido subir a un micro, impulsándome con mis brazos para luego pasarme a un asiento, han pretendido cobrarme por el espacio de mi silla que iba plegada, es injusto”, señaló la vocera del proyecto “Derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en la recuperación de la crisis sanitaria en Perú”, con el apoyo de COCEMFE, AECID y Fundación Once.
