Un sobreviviente del operativo militar, en Colcabamba, del 25 de abril denunció que fue obligado a autoinculparse por tráfico de drogas bajo amenazas de muerte. Ricardo Acuña Quispe, quien resultó ileso tras la intervención, reveló detalles inquietantes de cómo se desarrollaron los hechos, que han dejado un saldo de cinco personas fallecidas.
Acuña relata que viajaba con sus primos de regreso de un partido de fútbol cuando fueron interceptados por individuos encapuchados y vestidos de civil. En ese contexto, el conductor pensó que eran delincuentes y trató de escapar, lo que provocó una brutal represión por parte de los militares.
Obligaciones bajo amenaza de muerte
El testimonio de Acuña pone en evidencia una serie de irregularidades cometidas durante el operativo. Tras entregarse a una patrulla militar, afirma que fue forzado a declarar que transportaba armas y drogas. Pese a que no se halló ninguna evidencia que respalde dichas acusaciones. “En ese momento fui amenazado, obligado a confesar algo que no había hecho. En el carro no había nada,” destacó Acuña.
Este patrón de coacción también fue denunciado por su abogado, Anthony Crespo, quien teme que Acuña y otros testigos directos puedan ser silenciados. “Lo más probable es que quieran acallar a quienes saben la verdad,” expresó Crespo, enfatizando que aún no se han tomado medidas concretas de protección para los sobrevivientes.
#LaContra Ricardo Acuña Quispe, sobreviviente de la masacre en el Vraem, y que en un primer momento dijo que había cargado droga, dice que fue "amenazado" para dar esa versión. "Los militares buscaban salirse con la suya. Nosotros somos inocentes", dice 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/uVtvfMA71F
— Julio Rospigliosi (@jrospigliosi_a) April 28, 2026
¿Qué había confesado Acuña previamente?
Acuña previamente había declarado ser un “mochilero” que transportaba 13 kilos de droga, pero ahora desmiente esa afirmación. En su nuevo relato, asegura que todo era parte de una narrativa fabricada por las fuerzas del orden para justificar el uso de la fuerza letal y los asesinatos de los civiles. “Es completamente falso lo que dicen, porque los militares quieren salirse con la suya,” afirmó.
Los investigadores ahora se enfrentan a la tarea de determinar si la declaración inicial de Acuña fue obtenida mediante tortura y amenazas. La situación ha llevado a que el caso sea visto con lupa, ya que las acciones del ejército están bajo escrutinio. Los ocho militares implicados en estos hechos se encuentran bajo investigación, mientras se evalúan las pruebas de balística y de absorción atómica.
Colcabamba: situación de los sobrevivientes
Junto a Acuña, otros dos sobrevivientes, Ever Soto Quispe y Jonathan Aguilar Gutiérrez, se encuentran hospitalizados. Inicialmente, estos individuos estaban bajo custodia policial, pero la Fiscalía de Derechos Humanos ha cambiado su estatus a agraviados, permitiendo que solo sus familiares les acompañen. Sin embargo, su situación sigue siendo precaria, incrementando el riesgo de represalias.
El operativo de Colcabamba ha generado una ola de indignación entre defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas. Estos demandan que se resguarde la integridad de los sobrevivientes y se aclare lo sucedido durante el operativo militar. La presión social para obtener justicia se intensifica, especialmente ante las serias alegaciones de violencia y coerción que han emergido de este trágico evento.
¿Estas declaraciones serían inculpatorias?
En esa línea, el doctor Juan José Quispe señaló en un entrevista a Exitosa que la supuesta confesión inicial carece de toda validez jurídica.
"Sin la presencia de un abogado defensor o si está presente un fiscal que no hacía ninguna pregunta y simplemente estaba de espectador, ahí se tienen por no válidas (la declaración) porque están violentando derechos constitucionales", afirmó el especialista del Instituo de Defensa Legal (IDL).
Respecto a si la confesión tendría consecuencias en la contradefensa señaló: "No sirve para condenar. Más aún si estas personas, en una segunda declaración, en presencia de su abogado defensor, ha señalado que el militar, el que tomó la declaración, lo coaccionó, lo amenazó".