La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) emitió un comunicado a raíz de la reciente revelación de que la empresa francesa Egis Eau S.A.S., encargada de la nueva carretera central por convenio de gobierno a gobierno entre Perú y Francia, fue inhabilitada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por estar implicada en actos de corrupción en Panamá, India, Argelia y Gabón.
La nueva carretera central representará el proyecto de inversión más grande de la historia del país, que superará los S/.24 mil millones.
El Contrato de Estado a Estado fue suscrito el 27 de mayo de 2021. La SNCI alerta que hasta el momento “ha tenido cinco adendas de las cuales sólo dos son visibles (las dos últimas), según se puede observar en el portal web www.seace.gob.pe, hecho que genera poca transparencia, principio elemental en cualquier contratación, independientemente de la modalidad en que el Estado interviene como parte, y se ejecutan recursos de todos los peruanos”.
Según se observa, el contrato principal por parte del Estado Peruano está suscrito por el Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional (PVN), quien recibe facultades del Ministro de Transportes y Comunicaciones; y por parte del gobierno francés, el representante de la empresa EGIS VILLES ET TRANSPORTS, en este caso su Director en Perú y Colombia, quien actúa por designación del Ministro de Europa y de Asuntos Exteriores. En las cinco adendas se observan incrementos en el costo de los servicios en favor de EGIS.
“Desde la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura – SNCI observamos con gran preocupación la información difundida a través de diversos medios de comunicación, respecto a que la empresa EGIS habría reconocido en otros países haber cometido actos ilícitos para obtener contratos a su favor, estando incluso inhabilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID hasta por tres años para ser sujeta de contratación a través de sus mecanismos”, advierte el comunicado gremial.
“Lamentablemente, uno de los grandes problemas que enfrenta el sector infraestructura es la corrupción, por ello desde nuestro gremio rechazamos tajantemente cualquier acto que no garantice la transparencia y las buenas prácticas en cualquier proceso de ejecución de obra pública, sobre todo tratándose del proyecto más importante a ser ejecutado en la historia de nuestro país”.
El comunicado invoca al Ministerio de Transportes y Comunicaciones informar a la opinión pública lo siguiente: “1. Las razones que permitieron estimar una inversión inicial de S/. 11 mil quinientos millones en la ejecución del proyecto, cifra que ahora informan pasaría a S/. 24 mil millones aproximadamente. 2. Dar a conocer si se establecieron en su oportunidad criterios de evaluación que permitieran conocer los antecedentes de la Compañía que sería adjudicada, luego de la evaluación a cargo del Comité Evaluador designado por Provias Nacional, integrado por seis miembros parte de dicha institución y que evaluaron las mejores propuestas técnicas presentadas por los gobiernos postores”.
Es decir, cómo se justifica el gigantesco salto del presupuesto y si es que se le hizo firmar a la empresa una declaración en la que asegura no haberse involucrado en actos de corrupción. Información, por lo demás, bastante elemental.