Un condenable acto de crueldad animal ha movilizado a los residentes de la urbanización Naranjal, en San Martín de Porres (SMP). A través de cámaras de seguridad, se captó el momento en que un hombre atacó deliberadamente a ‘Negrita’, una perrita callejera protegida por el vecindario, utilizando un palo con clavos. A pesar de ser sometida a una cirugía de emergencia, la mascota no resistió las graves heridas punzocortantes y contusas, falleciendo días después.
La indignación escaló luego de que los vecinos volvieran a divisar al agresor transitando por la zona con la misma vestimenta del día del ataque. Gracias al monitoreo del Serenazgo, se ha logrado ubicar la vivienda del sospechoso; sin embargo, los denunciantes lamentan que, hasta la fecha, la Policía Nacional no haya procedido con su identificación formal ni detención, pese a las pruebas presentadas ante la comisaría de Independencia.
Antecedentes de violencia
El temor en el barrio se ha incrementado debido a que este no sería un hecho aislado. En redes sociales han circulado videos adicionales que vinculan al mismo sujeto con ataques previos, donde se le observa lanzando agua hirviendo a otros perros sin hogar. Ante esta situación, los residentes han redoblado la vigilancia sobre ‘Scooby’ y ‘Cachín’, otros canes abandonados que permanecen bajo el cuidado colectivo de la zona.
“No queremos venganza, pero sí justicia. Su muerte no debe quedar impune”, declaró un vecino a la prensa durante un plantón realizado frente al domicilio del presunto agresor. La comunidad exige que la Fiscalía acelere las investigaciones para evitar que más animales sufran vejámenes similares.
Marco legal y sanciones
Es importante precisar que, bajo la legislación peruana vigente (Ley N.º 30407), el maltrato animal es un delito que conlleva penas privativas de la libertad. En casos donde la crueldad deriva en la muerte del animal, el responsable puede enfrentar una condena de hasta cinco años de cárcel.
La comunidad de Naranjal se mantiene en alerta y espera que las autoridades de San Martín de Porres y el Ministerio Público actúen con celeridad para aplicar las sanciones correspondientes a este caso que ha conmovido a los defensores de los derechos de los animales en la capital.