La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por unanimidad, en segunda votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 9523, que promueve la siembra y cosecha de agua en todo el territorio nacional. Con 29 votos a favor, la iniciativa busca garantizar la seguridad hídrica en el país como una medida clave para enfrentar el cambio climático y fortalecer la agricultura sostenible.
El dictamen aprobado elimina las restricciones geográficas y de altitud que antes limitaban la acción del Fondo Sierra Azul, permitiéndole ahora ejecutar proyectos de inversión en cualquier zona del país, incluidas las regiones costeras. Esta expansión tiene como objetivo mejorar el acceso al agua para uso agrícola, incrementar la productividad rural, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a sequías.
El autor del proyecto, el congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), subrayó que esta ley es un paso decisivo para consolidar una gestión integral y eficiente del recurso hídrico, integrando criterios de sostenibilidad y resiliencia climática. Según el legislador, la falta de agua ya no es solo un problema de las zonas altoandinas, y requiere un enfoque amplio que incluya a la costa, sierra y selva.
Por su parte, el presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular), fue el encargado de sustentar la iniciativa en el pleno. Castillo destacó que con esta ley “se garantiza una cobertura nacional que permitirá que todos los agricultores del Perú, sin importar su ubicación, accedan a proyectos de infraestructura hídrica diseñados para retener, infiltrar y almacenar agua”.
Cobertura nacional y lucha contra el estrés hídrico
La ley faculta a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (UEFSA) a ejecutar proyectos de siembra y cosecha de agua bajo la modalidad de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), sin limitación por zona o altitud. Esto significa que podrá actuar en todas las regiones del Perú, superando una barrera histórica que restringía sus intervenciones a las zonas altoandinas.
“Estamos enfrentando un escenario donde las sequías prolongadas afectan incluso a la costa. Esta ley es una respuesta concreta al estrés hídrico que ya impacta la seguridad alimentaria y la economía rural”, sostuvo el congresista Flores Ruiz. En ese sentido, la norma no solo prioriza el almacenamiento del recurso hídrico, sino también su adecuada distribución y sostenibilidad en el tiempo.
De acuerdo con el dictamen, el fortalecimiento del Fondo Sierra Azul permitirá articular esfuerzos entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, así como con las comunidades campesinas, para implementar tecnologías de retención natural de agua como zanjas de infiltración, reservorios, qochas, y reforestación con especies nativas.
Siembra y cosecha de agua como política pública
La técnica de siembra y cosecha de agua consiste en retener el agua de lluvias o escorrentías para su uso durante la temporada seca. Es una práctica ancestral recuperada por muchas comunidades andinas que ha demostrado su efectividad frente a la escasez hídrica. Con esta ley, se busca institucionalizar y masificar su implementación como parte de una política pública nacional.
“La clave está en combinar conocimientos tradicionales con tecnología moderna”, señaló Eduardo Castillo. “Lo que se aprueba hoy no es solo un proyecto técnico, sino una visión de largo plazo para proteger nuestros ecosistemas y garantizar la sostenibilidad de la agricultura familiar, que representa el 70 % de los alimentos que llegan a nuestras mesas”.
Además, con esta medida se espera reducir los conflictos por el agua, que han ido en aumento debido al cambio climático y la competencia entre actividades extractivas y el sector agropecuario. También se busca promover la educación ambiental y la participación activa de las comunidades en la conservación de fuentes hídricas.
De la aprobación a la acción
Esta norma representa una oportunidad histórica para transformar la gestión del agua en el Perú. Tras su aprobación definitiva, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la UEFSA deberán adecuar su planificación presupuestal para garantizar que los beneficios de esta ley lleguen a todas las regiones del país.
Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en primera votación el pasado 9 de julio con 26 votos a favor y sin oposición ni abstenciones. Esta segunda aprobación reafirma el consenso político en torno a la urgencia de abordar el desbalance hídrico en el país, sobre todo en un contexto de alta vulnerabilidad por la variabilidad climática.
Con esta nueva herramienta legal, se espera que el Congreso continúe promoviendo marcos normativos que contribuyan a mitigar los impactos del calentamiento global y refuercen la adaptación climática en zonas rurales.
