En un fallo que sienta un precedente contra el maltrato animal en el país, el Poder Judicial confirmó la sentencia de tres años de prisión contra el suboficial de la Policía Nacional, Fernando Díaz, hallado culpable del delito de actos de crueldad contra animales domésticos. El agente fue procesado tras envenenar a dos perros en la urbanización Vipol de Naranjal, en San Martín de Porres.
La investigación, liderada por la fiscal adjunta Rosa Calderón Romaní de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, determinó que el efectivo policial colocó alimentos contaminados con sustancias tóxicas en el frontis de la vivienda de su vecina, provocando la muerte inmediata de una de las mascotas.
El caso se remonta a la denuncia presentada por las dueñas de “Sasha” y “Bobby”, dos canes que residían en la zona y que estaban familiarizados con el acusado. Según la tesis fiscal, Díaz aprovechó esta confianza para dejar los cebos mortales.
- “Sasha”: Falleció en el lugar pocos minutos después de ingerir el alimento.
- “Bobby”: Logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de un médico veterinario, cuyo testimonio fue clave durante el juicio oral.
Pruebas contundentes y sanción
Para lograr la condena en segunda instancia, el Ministerio Público presentó un expediente sólido que incluyó:
- Cámaras de seguridad: Videos que registraron el momento en que el efectivo dejaba las sustancias.
- Inspección técnica: Evidencia del veneno recolectada en el frontis de la vivienda.
- Peritaje veterinario: Confirmación de la causa de muerte y el daño sistémico en el perro sobreviviente.
La condena impuesta incluye:
- Pena privativa de libertad: Tres años de prisión.
- Inhabilitación definitiva: Prohibición absoluta para que el sentenciado vuelva a poseer o criar animales domésticos.
- Reparación civil: El pago de S/ 2,100 a favor de las propietarias de los canes.
Un mensaje contra la impunidad
Este fallo es recibido por las organizaciones animalistas como un avance significativo en la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal. El hecho de que el agresor sea un miembro de la PNP en actividad agravó la percepción pública del caso, subrayando que nadie está por encima de la ley cuando se trata de vulnerar la vida de seres sintientes.
Con esta ratificación en segunda instancia, la sentencia queda firme, consolidando la responsabilidad penal del suboficial Díaz por sus actos de violencia en el ámbito residencial de Lima Norte.