El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Moyobamba presentó este lunes una acusación penal contra el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel, y el funcionario Juan Sánchez, por el presunto delito de usurpación de funciones, en agravio del Estado. La medida busca garantizar la defensa de los intereses públicos y llevar a juicio a los responsables.
Según el requerimiento acusatorio, Grundel habría encargado indebidamente a Juan Sánchez —quien ejercía funciones como jefe de otra oficina regional— el cargo de procurador público del gobierno regional de San Martín, desde el 1 de enero de 2023, mediante resolución ejecutiva regional. La designación fue formalizada, pero posteriormente concluida con otra resolución el 11 de enero del mismo año, generando un lapso de presunta usurpación de funciones.
¿Qué implica la acusación por usurpación de funciones?
El delito de usurpación de funciones se configura cuando una autoridad o funcionario ejerce cargos o competencias que no le corresponden por ley, afectando la legalidad administrativa y el interés público. En este caso, la Fiscalía considera que Grundel y Sánchez habrían asumido atribuciones que no les eran conferidas, lo que puede derivar en sanciones penales si se demuestra su responsabilidad durante el juicio oral.
El Ministerio Público detalló que esta situación será argumentada en la etapa de juicio, donde se presentarán pruebas y testimonios para demostrar que ambos imputados ejercieron funciones indebidas, afectando la gestión pública y los intereses del Estado.
Antecedentes del caso
La controversia se originó a inicios de 2023, cuando la autoridad regional decidió acreditar a Juan Sánchez como procurador público adicional a sus funciones principales. La resolución ejecutiva que autorizaba esta designación fue emitida el 1 de enero, pero solo diez días después, con otra resolución, se concluyó la acreditación.
Durante ese período, según el Ministerio Público, Sánchez habría ejercido funciones no autorizadas ni legales, bajo la supervisión del gobernador Grundel. Este hecho motivó la investigación de la Fiscalía, que ahora formaliza la acusación penal y busca llevar el caso a la etapa de juicio oral.
Repercusiones y expectativa del juicio
El anuncio de la Fiscalía genera expectativas sobre cómo se desarrollará el juicio contra el gobernador regional y el funcionario involucrado. Expertos en derecho administrativo señalan que casos de usurpación de funciones ponen en evidencia la importancia del respeto a la legalidad administrativa, especialmente en gobiernos regionales donde la concentración de decisiones puede derivar en irregularidades.
El caso también refleja la vigilancia del Ministerio Público frente a posibles actos que vulneren la correcta administración pública, subrayando la necesidad de respetar los procedimientos legales para la designación de funcionarios.
¿Qué sigue para los acusados?
Con la presentación de la acusación penal, se inicia la fase de juicio oral, donde la Fiscalía deberá probar la responsabilidad de Walter Grundel y Juan Sánchez. Durante este proceso, ambos imputados podrán presentar su defensa y argumentos legales, mientras el tribunal evalúa la evidencia sobre la presunta usurpación de funciones.
La acusación también tiene un componente de protección del Estado, ya que busca sancionar actos que puedan afectar la gestión pública y garantizar que los funcionarios respeten los límites de sus competencias. La sentencia final podría implicar condenas penales y sanciones económicas dependiendo de la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas.
Importancia de la supervisión y control institucional
Este caso pone de relieve la importancia del control interno y externo en la administración regional, y cómo la Fiscalía de la Nación cumple un rol clave en supervisar y sancionar irregularidades que atenten contra el orden legal y los recursos públicos.
Asimismo, la situación llama la atención sobre la necesidad de que los gobernadores y funcionarios regionales respeten los procedimientos legales para la designación de cargos adicionales, evitando conflictos administrativos y posibles responsabilidades penales.
