El entorno religioso del distrito de San Borja se encuentra conmocionado tras la detención de Marco Antonio Agüero Vidal (61), sacerdote y administrador temporal de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría. El religioso cumple una orden de detención preliminar por siete días mientras la Fiscalía investiga presuntos delitos de tocamientos indebidos en agravio de cinco mujeres.
De acuerdo con la defensa de las víctimas, liderada por la abogada Valeria Cabrera, tres de las denunciantes son menores de edad que formaban parte de los grupos juveniles de la parroquia. Hasta el momento, tres de las afectadas ya han brindado su testimonio bajo el protocolo de cámara Gesell, mientras que las diligencias restantes están programadas para completarse en las próximas horas bajo la supervisión del Ministerio Público.
Antecedentes y respuesta eclesiástica
La gravedad del caso ha escalado tras revelarse que la institución eclesiástica ya tenía conocimiento de quejas contra Agüero Vidal. El Arzobispado de Lima confirmó que, el 11 de diciembre de 2025, recibió un extenso expediente de 29 páginas firmado por fieles de la comunidad. En dicho documento se detallaban diversos «comportamientos problemáticos» del párroco, incluyendo acusaciones de tocamientos no consentidos.
Ante estos hechos, el cardenal Carlos Castillo impuso un remedio penal formal al sacerdote el pasado 26 de diciembre y dispuso el inicio de una investigación canónica. Sin embargo, el avance de las denuncias en el fuero civil ha derivado en su actual situación legal en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) del sector.
Diligencias en curso
El proceso penal se encuentra en una etapa crítica de recolección de pruebas. La detención de siete días busca asegurar la presencia del implicado mientras se sistematizan los peritajes psicológicos y testimoniales de las víctimas, quienes colaboraban regularmente en las actividades parroquiales.
El Ministerio Público deberá determinar, al finalizar el plazo de detención preliminar, si solicita prisión preventiva contra el investigado, basándose en la gravedad de las imputaciones y la vulnerabilidad de las menores involucradas en este caso que pone nuevamente en el foco público la seguridad dentro de los entornos religiosos.