La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, el 1 de abril de 2025, un informe final que recomienda acusar constitucionalmente al exministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, por el presunto delito de negociación incompatible. El informe fue aprobado por mayoría con 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, y hace referencia a la contratación de su sobrino, Edwin Chávez Prado, en el Ministerio de la Producción. Según las investigaciones, la decisión de Prado Palomino habría contravenido las normativas que prohíben la contratación de familiares en cargos públicos.
La denuncia fue interpuesta por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, y el caso fue presentado ante la Subcomisión bajo la ponencia del congresista José Jerí Oré. El exministro está siendo señalado por haber facilitado la contratación de su sobrino en circunstancias que, según la acusación, violan principios de transparencia y ética pública. La acusación apunta a que esta acción configura el delito de negociación incompatible, conforme al Código Penal.
El informe, que ya fue aprobado, propone remitir el caso a la Fiscalía de la Nación para que se continúen las investigaciones y se determine la responsabilidad de Prado Palomino en este presunto acto de corrupción. Esta medida ha generado un debate en el Congreso sobre la necesidad de mantener altos estándares éticos en el ejercicio de la función pública y reforzar la lucha contra la corrupción.
Con la aprobación de este informe, el Congreso da un paso importante hacia el esclarecimiento de posibles irregularidades en la gestión del exministro Prado Palomino. A pesar de las críticas a la gestión del gobierno de Dina Boluarte, esta acción podría ser un indicio de la intención de combatir la corrupción dentro de las instituciones estatales.
