Neutralidad electoral en entredicho
La congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, afirmó este miércoles que la moción de censura que impulsa por el uso de una cámara del Congreso de la República en un evento político de Keiko Fujimori está dirigida exclusivamente contra el primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y no contra toda la Mesa Directiva.
Según explicó, Rospigliosi es responsable de la Oficina de Participación Ciudadana, dependencia desde la cual se habría autorizado la salida del equipo audiovisual que fue registrado durante el mitin de Fuerza Popular en la ciudad de Trujillo, donde Fujimori anunció su precandidatura presidencial.
“Lo que sabemos por los medios es que pertenecía a la Oficina de Participación Ciudadana, y quién está a cargo de esa oficina, el señor Fernando Rospigliosi”, señaló Luque.
La legisladora enfatizó que el uso de bienes públicos en actividades partidarias vulnera el principio de neutralidad electoral y que el Parlamento debe dar una señal clara de respeto a las normas democráticas. “La moción es dirigida al señor Rospigliosi, quien es interino del Congreso. Tendría que elegirse una nueva persona en la Primera Vicepresidencia”, agregó.
Avances en la moción y búsqueda de firmas
Luque precisó que ya cuenta con ocho de las 22 firmas necesarias para formalizar la moción de censura y que espera reunir los respaldos restantes durante la jornada. La iniciativa busca que el pleno del Congreso evalúe la salida de Rospigliosi de la Mesa Directiva y la elección de un nuevo vicepresidente.
“Debe haber un deber de cuidado respecto al uso de recursos públicos. No se trata de un tema menor, sino de un acto que afecta la confianza en la imparcialidad institucional del Congreso”, subrayó.
Reacciones en el Parlamento
Desde el otro extremo político, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) rechazó la posibilidad de censurar a Rospigliosi, argumentando que una medida de ese tipo generaría inestabilidad política y económica en el país.
“Cualquier censura a la mesa afecta la estabilidad del país. Por una cámara creo que deberían aplicar las sanciones correspondientes en la parte administrativa”, sostuvo Montoya.
“Siempre hay responsabilidad política, pero eso no significa que lo censuren. Parar otra vez el Congreso ya no lo soporta la economía”, añadió.
Otros legisladores de distintas bancadas han coincidido en que el hecho amerita una investigación administrativa, pero no necesariamente una sanción política inmediata.
La polémica por la cámara del Congreso
El jueves 30 de octubre, Keiko Fujimori realizó en Trujillo el lanzamiento de su precandidatura presidencial, evento transmitido en sus redes sociales. En las imágenes difundidas por SOLTV, se observó una cámara de video con el logo del Congreso de la República, identificada con el registro “Congreso de la República – Registro Secuencial 25459 Inventario Físico General 2024”.
La presencia del equipo generó cuestionamientos inmediatos en redes sociales y entre legisladores de oposición, quienes denunciaron el presunto uso indebido de bienes estatales con fines partidarios.
Frente a la polémica, la congresista fujimorista Patricia Juárez reconoció el hecho, pero señaló que se trató de una “iniciativa individual” de un trabajador del Congreso y no de una orden institucional.
“Es lamentable lo ocurrido. El Congreso de manera inmediata ha señalado que fue una iniciativa de la persona que tomó ese equipo. No se me ocurriría que alguno de los jefes le hubiera dado la orden, porque sería un verdadero despropósito”, declaró a RPP.
Responsabilidad política en debate
El incidente ha reavivado la discusión sobre los límites de la neutralidad electoral y el uso de recursos públicos en campañas políticas. Para Luque y su bancada, el Congreso debe establecer un precedente firme que evite la politización de sus recursos institucionales, especialmente en un año preelectoral marcado por tensiones partidarias.
Mientras tanto, el Ministerio Público y la Oficina de Integridad del Congreso podrían iniciar investigaciones para determinar si hubo abuso de funciones o falta administrativa en la autorización del uso de los equipos.