La concesionaria Rutas de Lima retomó la madrugada del domingo el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, ubicadas en la carretera Panamericana Sur, luego de apelar la sentencia judicial que había ordenado su suspensión. Desde las primeras horas del día, los conductores se encontraron con personal de la empresa reinstalando las operaciones y exigiendo nuevamente el pago de S/ 7.50 por vehículo.
El hecho generó malestar y protestas entre transportistas y vecinos del sur de Lima, quienes calificaron la decisión como un “abuso” y un “nuevo atropello contra el pueblo”. La medida ha reactivado el debate sobre la legalidad de los contratos de concesión vial en la capital y el papel del Estado en la defensa de los usuarios.
Peajes reactivados pese a fallo judicial
De acuerdo con un comunicado de Rutas de Lima, la reanudación del cobro se debe a que la empresa presentó una apelación contra la sentencia que suspendía el cobro de peajes, por lo que —según su interpretación legal— la medida queda sin efecto mientras el recurso esté en trámite judicial.
Durante la madrugada, trabajadores de la concesionaria reinstalaron las casetas y reanudaron las operaciones sin previo aviso a los usuarios ni a las autoridades locales. El cobro se restableció a la medianoche y, desde entonces, cientos de conductores han debido volver a pagar la tarifa habitual para circular por el tramo concesionado.
“No es dable, somos trabajadores que hacemos varios viajes diarios. Pagamos 15 soles de ida y vuelta, y no nos alcanza. Es un abuso”, protestó un conductor entrevistado en la zona de Villa.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), por su parte, rechazó la acción de la empresa y anunció que interpondrá nuevas medidas legales para detener el cobro, calificando el hecho como una “vulneración de derechos fundamentales”.
¿Por qué se suspendió el cobro de peajes?
El conflicto judicial se originó tras una sentencia del Poder Judicial que declaró fundada la demanda interpuesta por la Municipalidad de Lima, la cual buscaba anular las cláusulas contractuales consideradas lesivas al interés público dentro del convenio de concesión suscrito con Rutas de Lima durante la gestión de Susana Villarán.
La decisión judicial —emitida en octubre— dispuso suspender temporalmente el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, como medida cautelar mientras se resolvía el fondo del litigio. Sin embargo, con la apelación presentada por la empresa, dicha suspensión quedó sin ejecución inmediata, lo que permitió la reactivación del cobro.
La pregunta clave que ahora surge es: ¿puede una concesionaria reanudar cobros mientras existe una medida judicial en trámite?
Según abogados consultados, la apelación no anula automáticamente la medida, sino que debe ser evaluada por una instancia superior. No obstante, Rutas de Lima sostiene que la ejecución queda en pausa mientras dure el proceso de apelación.
Respuesta de la Municipalidad de Lima
A través de un comunicado, la MML calificó la reanudación del cobro como un “acto inaceptable” y anunció que ha interpuesto acciones legales adicionales ante el Poder Judicial y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran).
“Resulta inaceptable que, pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, indicó la comuna.
La gestión municipal subrayó que es respetuosa de las inversiones privadas, siempre que estas sean “justas y transparentes”, pero advirtió que no permitirá “abusos contractuales ni prácticas contrarias al interés público”.
El pronunciamiento recuerda que el contrato de concesión fue objeto de investigación por presuntos actos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, y que la actual administración ha solicitado al Poder Judicial la nulidad definitiva del convenio.
Un conflicto que se arrastra por años
El caso Rutas de Lima es uno de los más controversiales de los últimos años en materia de infraestructura vial. Firmado en 2013, el contrato entregó a la empresa la administración y mantenimiento de tramos de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé, con una vigencia de 30 años.
Los cuestionamientos se centran en las tarifas consideradas desproporcionadas y en modificaciones contractuales supuestamente irregulares durante la gestión Villarán. En 2020, durante la pandemia, los peajes fueron suspendidos temporalmente por decisión del entonces alcalde Jorge Muñoz, medida que posteriormente fue revertida por los tribunales.
El reciente fallo judicial de 2025 reabrió el conflicto, pero la apelación de Rutas de Lima deja nuevamente el caso en una zona gris legal, donde los ciudadanos deben seguir pagando mientras el litigio continúa en curso.
Impacto económico y social
Transportistas y asociaciones de vecinos de los distritos del sur, como Punta Negra, Lurín y San Bartolo, expresaron su rechazo al restablecimiento del peaje. Aseguran que el pago afecta sus ingresos diarios y encarece los costos del transporte local y de los productos básicos.
“Para quienes trabajan con movilidad o transporte de carga, pagar siete soles por tramo es insostenible. Es una medida que castiga al trabajador y beneficia a una empresa cuestionada”, señaló un dirigente vecinal de Lurín.
Los usuarios exigen que el Estado intervenga para garantizar la suspensión efectiva de los cobros hasta que el proceso judicial concluya y se determine la legalidad del contrato de concesión.
¿Qué sigue ahora?
El caso podría pasar al Tribunal Constitucional si la Municipalidad de Lima decide elevar la controversia por la presunta vulneración de derechos económicos y ciudadanos. Mientras tanto, el cobro de peajes continúa vigente, y Rutas de Lima asegura que mantiene sus operaciones “en estricto cumplimiento de la ley”.
La situación deja al descubierto una falta de claridad jurídica sobre la ejecución de medidas cautelares en procesos de apelación y reaviva el debate sobre la necesidad de reformar los contratos de concesión vial en el país.
El desenlace dependerá de la resolución de la Corte Superior en las próximas semanas, mientras los conductores siguen asumiendo el costo diario de un servicio cuya legitimidad está bajo cuestionamiento.