La tensión social en la provincia de Jaén escaló este jueves cuando un grupo de ronderos campesinos sometió a José Luis López, gerente de Administraciones y Finanzas de Corpac, a un castigo con latigazos por los constantes retrasos en la obra de rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén. El hecho ocurrió frente al alcalde Francisco Delgado Rivera y refleja un escenario de creciente frustración por parte de la población, que denuncia incumplimientos y falta de transparencia en la ejecución del proyecto.
La ira de las rondas campesinas
La obra de mejoramiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén, considerada estratégica para la conectividad de la región, debía culminar a inicios de este año. Sin embargo, los plazos se extendieron primero hasta mayo, luego hasta julio y finalmente hasta agosto. Hoy, la obra sigue inconclusa, generando malestar en las comunidades vecinas.
Durante una reunión con autoridades locales, dos ronderos sujetaron al funcionario mientras otro lo castigaba con chicotazos, acción que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.
“Usted nos va a escuchar, señor. Hay que cumplir lo que se dice. No somos juguetes de nadie. La población no es juguete de nadie. ¡Necesitamos que se cumpla!”, increpó uno de los ronderos, visiblemente indignado.
El incidente evidencia el recurso a la justicia comunal para presionar a las autoridades y empresas encargadas de proyectos públicos. Los líderes ronderos sostienen que sus acciones responden a la defensa de los intereses del pueblo y al hartazgo por las constantes promesas incumplidas.
Reclamo popular y advertencias
Miguel Guevara, presidente de la Confederación de Rondas Campesinas y Nativas, manifestó que la comunidad había agotado los canales de diálogo. Según declaró, los comuneros ya habían advertido que tomarían el aeropuerto de Jaén si Corpac no cumplía con los plazos.
“Se les planteó que si ustedes no van a cumplir, nosotros vamos a tomar el aeropuerto y es lo que se ha hecho el día de hoy. Ya estamos cansados de tanta burla en esta provincia de Jaén. Dijeron que el 21 del mes pasado se iba a entregar esta obra. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando?”, dijo Guevara a RPP.
El líder ronderil aseguró que no se trata de un acto de violencia gratuita, sino de una medida de presión basada en sus usos y costumbres, que consideran legítimas dentro de su jurisdicción comunal.
La justicia ronderil frente al Estado
La justicia comunal o ronderil está amparada por la Constitución Política del Perú y la Ley de Rondas Campesinas (Ley N.° 27908), que reconoce su derecho a administrar justicia dentro de su ámbito territorial, siempre que no se vulneren derechos fundamentales.
Sin embargo, este tipo de castigos físicos suele generar debate. Mientras las comunidades defienden su autonomía, abogados y especialistas advierten que estos actos podrían configurar delitos de lesiones y ser perseguidos penalmente, sobre todo cuando afectan a funcionarios públicos.
En Cajamarca, los ronderos tienen una larga tradición de autogobierno y resolución de conflictos, pero casos como el de Jaén podrían tensar las relaciones con el Ministerio del Interior y Corpac, que podrían denunciar las agresiones.
Contexto de conflictividad social en Cajamarca
El episodio se suma a un clima de creciente conflictividad social en la región. En los últimos meses, Cajamarca ha sido escenario de:
- Protestas contra la minería ilegal que amenaza ecosistemas locales.
- Suspensión judicial de proyectos de exploración minera en cerros sagrados, como Colpayoc.
- Incremento de denuncias sobre extorsiones y presencia de bandas criminales en provincias como Jaén y San Ignacio.
Estos factores, sumados al retraso de obras públicas, alimentan el descontento ciudadano y fortalecen el rol de las rondas campesinas como actores de presión social.
Próximos pasos
Hasta el momento, Corpac no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Se espera que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones evalúe los retrasos del proyecto y determine responsabilidades.
Por su parte, los ronderos advierten que endurecerán sus medidas si la empresa estatal no presenta un cronograma claro para la entrega de la pista de aterrizaje. Incluso, no descartan paralizar el aeropuerto de Jaén de forma indefinida.
La Defensoría del Pueblo, en tanto, pidió que se respeten los derechos humanos y que las partes retomen el diálogo para evitar una escalada de violencia.
