Roberto Sánchez rechaza acusación sobre un presunto uso indebido de recursos del Estado

El congresista Roberto Sánchez negó haber utilizado recursos públicos o personal de su despacho en actividades de campaña y aseguró que los trabajadores señalados contaban con licencia sin goce de haber.

por Edgar Mandujano

El congresista Roberto Sánchez, integrante de la bancada Juntos por el Perú, rechazó las acusaciones sobre un presunto uso indebido de recursos del Estado en el marco de actividades vinculadas a su campaña presidencial. El parlamentario aseguró que ningún trabajador de su despacho generó gasto público y que las personas mencionadas participaron en actividades políticas fuera de su jornada laboral y con licencia sin goce de haber.

En declaraciones públicas, Sánchez precisó que tres trabajadores de su despacho, entre ellos Gian Marco Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, solicitaron formalmente licencia para el día en que participaron en una actividad política, lo que —según sostuvo— descarta cualquier irregularidad administrativa o uso indebido de fondos públicos.

Licencias registradas y sin gasto al Estado

El legislador afirmó que la información puede ser verificada en los registros oficiales de asistencia del Congreso, donde constan las licencias sin goce de haber solicitadas por los trabajadores involucrados. “Se trata de un acto legal, público y documentado”, señaló, al tiempo que cuestionó la difusión de versiones que, según indicó, no han sido contrastadas con documentación oficial.

Sánchez insistió en que ningún trabajador recibió remuneración estatal durante la actividad política observada y que, por tanto, no se configura un uso indebido de recursos del Parlamento.

Defensa de la contratación de Gian Marco Castillo

Respecto a la contratación de Gian Marco Castillo como coordinador de despacho, el congresista defendió su legalidad y sostuvo que el trabajador es bachiller en Economía y cumple funciones técnicas, como la elaboración de informes y el seguimiento de temas económicos.

El parlamentario remarcó que Castillo no presenta impedimentos legales ni administrativos para ejercer el cargo, pese a que enfrenta una orden judicial de comparecencia con restricciones en el marco de una investigación en curso. En ese sentido, Sánchez subrayó que una investigación no priva a una persona de su derecho constitucional al trabajo.

Actividades políticas fuera del horario laboral

Sánchez explicó que la participación de trabajadores del Estado en actividades políticas no está prohibida, siempre que se realice en días no laborables o bajo licencias debidamente solicitadas. “Un trabajador público, como cualquier ciudadano, puede expresar su posición política si respeta la ley”, afirmó.

Añadió que incluso sus propias actividades políticas durante las semanas de representación se realizan bajo licencias sin goce de haber, descartando cualquier uso de recursos del Congreso.

Cuestionamiento a denuncias mediáticas

Finalmente, el congresista expresó su rechazo a lo que calificó como acusaciones periodísticas sin sustento documental, y consideró que existe una intención de afectar políticamente a su bancada. Aseguró que no existe ningún documento que respalde la denuncia y reiteró que toda la información relevante es de acceso público.

Sánchez concluyó que no se ha producido malversación ni uso indebido de fondos públicos, y que su defensa se sustenta en el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos administrativos del Congreso.

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