La violencia y el crimen organizado siguen ganando terreno en el país. El último episodio que evidencia este sombrío panorama ocurrió el pasado 20 de enero, cuando la sede del Ministerio Público en Trujillo fue blanco de un atentado con explosivos. Este ataque, dirigido específicamente contra la Fiscalía, tiene un claro objetivo: amedrentar a quienes se atreven a investigar a las poderosas organizaciones criminales que operan en La Libertad, especialmente dedicados a la minería ilegal.
Según la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el atentado está vinculado directamente con las investigaciones en curso sobre el narcotráfico y las bandas criminales que azotan la región. La amenaza es clara, y la respuesta, aunque necesaria, resalta una vez más la vulnerabilidad de los fiscales y autoridades judiciales en una zona donde el crimen tiene un poder casi paralelo al de las instituciones del Estado.
El atentado no es un hecho aislado, sino una muestra más de la difícil y peligrosa labor que enfrentan los fiscales que se atreven a hacerle frente al crimen organizado. Como medida de protección, Espinoza ha anunciado que la fiscal encargada de las investigaciones recibirá resguardo policial, aunque por razones de seguridad no se reveló su identidad. Esta situación refleja no solo la gravedad de las amenazas, sino también las carencias en la capacidad del Estado para proteger adecuadamente a sus servidores públicos frente a los poderes del crimen.
¿Quién está detrás del ataque?
Aunque la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo ha iniciado las investigaciones, aún es incierto quiénes son los responsables de este atentado. Sin embargo, las sospechas recaen sobre las organizaciones criminales que operan en la región, muchas de las cuales están vinculadas con el narcotráfico, el cobro de cupos, la extorsión y la minería ilegal. Estos grupos, acostumbrados a actuar con impunidad, buscan claramente intimidar a quienes están comprometidos con desmantelar sus redes ilícitas.
En su declaración, Espinoza no solo lamentó lo ocurrido, sino que exigió una respuesta contundente por parte de las autoridades de seguridad. Instó al Ministerio del Interior a reactivar las labores de inteligencia policial para anticiparse a futuros ataques, pues, según la fiscal, “es imprescindible que las acciones de los agentes del orden se realicen antes de que ocurran hechos delictivos de esta magnitud”. Un llamado urgente a una prevención que, en muchos casos, parece llegar demasiado tarde.
Un sistema judicial bajo amenaza
Este nuevo atentado contra el Ministerio Público revela la cruda realidad del sistema judicial peruano: una justicia que, en muchas zonas del país, se encuentra constantemente amenazada por los intereses del crimen organizado. El caso de La Libertad no es aislado; otras regiones del país, como el VRAEM o el norte del Perú, han sido escenario de atentados similares, donde fiscales, jueces y policías han sido blanco de represalias por hacer su trabajo.
En un contexto de creciente inseguridad, la respuesta institucional parece no estar a la altura del desafío. El Ministerio Público, por un lado, denuncia las amenazas y pide refuerzos, pero la estructura policial y judicial sigue enfrentando problemas de recursos, coordinación y, en muchos casos, de infiltración del crimen organizado dentro de las mismas filas del Estado.
El atentado en Trujillo no solo es un mensaje directo a la justicia, sino un recordatorio de que el narcotráfico y las bandas criminales no solo operan con impunidad, sino que se han convertido en actores políticos que pretenden imponer su ley a costa de la vida de quienes luchan por el orden y la legalidad. Esta nueva amenaza contra la fiscalía evidencia lo frágil que sigue siendo la lucha contra el crimen en el Perú, un desafío que requiere una respuesta unificada, firme y, sobre todo, efectiva.