En el marco de la política de refuerzo de la seguridad penitenciaria, el Instituto Nacional Penitenciario ejecutó un operativo inopinado de requisa en el establecimiento penitenciario Ancón I, en Lima, que permitió la incautación de celulares y un router inalámbrico, dispositivos estrictamente prohibidos dentro de los centros de reclusión. La intervención se realizó durante la madrugada y alcanzó a los pabellones 2, 4, 8 y 10 del penal.
La acción fue desarrollada por más de 40 agentes penitenciarios, como parte de una estrategia preventiva destinada a neutralizar actividades ilícitas que podrían ser coordinadas desde el interior de los penales. Según la información oficial, durante la inspección se hallaron seis teléfonos celulares, un router inalámbrico, además de accesorios y equipos complementarios utilizados para mantener operativos estos dispositivos.
Operativo nocturno en cuatro pabellones del penal
El despliegue incluyó el ingreso a celdas y áreas comunes, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones. Durante la requisa también se decomisaron nueve audífonos handsfree, cargadores artesanales, nueve cables y una batería de celular, elementos que suelen emplearse para el uso clandestino de aparatos de comunicación.
Las autoridades penitenciarias precisaron que todos los objetos fueron decomisados conforme a los procedimientos de seguridad vigentes, con el objetivo de evitar que sean utilizados para la extorsión, coordinación de delitos o contacto con redes criminales externas, una de las principales preocupaciones del sistema penitenciario peruano en el actual contexto de inseguridad ciudadana.
Comunicación directa con la PNP y la Fiscalía
Tras el hallazgo, los bienes incautados fueron puestos de inmediato en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, a fin de que se inicien las diligencias e investigaciones correspondientes. Estas acciones buscan determinar cómo ingresaron los equipos al penal y establecer posibles responsabilidades administrativas o penales.
Desde el Instituto Nacional Penitenciario se informó, además, que se dispuso el reforzamiento inmediato de las medidas de control y vigilancia en Ancón I, uno de los establecimientos penitenciarios más grandes del país y que alberga a internos procesados y sentenciados por diversos delitos.
Estrategia del Minjusdh contra el crimen organizado
El operativo se enmarca en los lineamientos de seguridad impulsados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha intensificado las requisas inopinadas en distintos penales del país como parte de una política orientada a restablecer el principio de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios.
Voceros del sector señalaron que estas acciones buscan cerrar los canales de comunicación ilegal que permiten a organizaciones criminales seguir operando desde prisión, especialmente en delitos como extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas, que han incrementado su impacto en la seguridad ciudadana.
Ancón I bajo vigilancia permanente
El penal Ancón I, ubicado al norte de Lima, ha sido escenario recurrente de operativos de control debido a su población penitenciaria y a los riesgos asociados al ingreso de objetos prohibidos. En ese contexto, el Instituto Nacional Penitenciario ha reiterado que continuará con acciones sorpresivas y permanentes, sin previo aviso, como mecanismo disuasivo frente a intentos de vulnerar la seguridad interna.
Las autoridades penitenciarias subrayaron que la lucha contra el crimen organizado no se limita al espacio urbano, sino que debe incluir un control riguroso de los penales para impedir que estos se conviertan en centros de operación delictiva.
Compromiso con la seguridad ciudadana
A través de un comunicado oficial, el Minjusdh reafirmó su compromiso de mantener y reforzar este tipo de intervenciones, destacando que la seguridad en los establecimientos penitenciarios es un componente clave para proteger a la ciudadanía y reducir la incidencia delictiva en las calles.
“El control efectivo de los penales es indispensable para prevenir que se sigan cometiendo delitos desde el interior”, indicaron fuentes del sector, al tiempo que recordaron que la colaboración con la PNP y la Fiscalía es fundamental para sancionar a los responsables y fortalecer el sistema de justicia.