Se acaban de cumplir dos años desde que ocurrió en Ventanilla el derrame de 12 mil barriles de petróleo de Repsol.
Lo que fue un hecho condenable, del cual la empresa española Repsol debe hacerse cargo con todo lo que implica, se ha convertido en el ambiente propicio para que una serie de de inescrupulosos personajes aprovechen la indefinición de las autoridades que no terminan de establecer si el mar ya se encuentra libre de rastros de petróleo.
La empresa ha venido otorgando bonos a pescadores y comerciantes de las playas afectadas cuyas labores se vieron perjudicadas y, según sostienen, ha cerrado acuerdos de indemnización definitivos con el 98% de los afectados en un padrón hecho por el gobierno.
Sin embargo, en Holanda la empresa acaba de ser denunciada por US$ 1200 millones por la organización Stichting Environment and Fundamental Rights, que fichó al bufete Pogus Goodhead, el que señala que en la reclamación participan más de 34 mil personas, entre ellas pescadores y propietarios de restaurantes.
Carnet expedido y expirado el mismo día.
Pero la realidad local tiene otros abogados. Uno es el excandidato al Congreso Ricardo Noriega Salaverry que estaría ofreciendo a pobladores de la zonas afectadas incorporarlos al padrón de damnificados elaborado por la PCM. Esta situación ha sido denunciada a través de redes sociales por familiares de los pobladores sorprendidos.
Otra mafia, con la anuencia de funcionarios del Norte Chico, se estaría aprovechando de esta situación otorgando carnets falsos para acreditar ante el PRODUCE a diversas personas como pescadores artesanales cuando no lo son, con la finalidad de incorporarlos al padrón de la PCM.
Luis Vásquez, vocero de Repsol, sostiene que se ha invertido más de S/ 1000 millones en tareas de limpieza, remediación y compensación.
«Gracias a todos las actividades de limpieza y remediación, las condiciones del mar, el suelo marino y las playas cumplen desde hace meses con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales», declaró a Perú21.
Ricardo Noriega Salaverry.
Mientras tanto, queda claro que persiste la indefinición. Se han presentado una serie de estudios que concluyen que las playas están libres de hidrocarburos. Pero el Ministerio de Salud solo declaro aptas a 3 de 22 playas que fueron afectadas.
En realidad, las faenas de los pescadores artesanales se reiniciaron hace ya varios meses como puede constatarse todos los días en los puertos. Johnny Farfán, presidente de la OEAFA declaró a La República que «aunque se habla mucho de la reapertura de las playas, OEFA no es competente en esa materia, así como tampoco lo es en la reanudación de la pesca en la zona, que corresponde a otro sector. Nosotros cumplimos con informar a la sociedad e instituciones públicas en general sobre el caso».
La pelota de la definición está en la cancha de PRODUCE y el Ministerio del Ambiente.
Un negocio en marcha tras dos años.
