Días atrás la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen que permitiría la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), usado también como “escudo” por los mineros ilegales para desarrollar actividades ilícitas en todo el país y que no ha servido como un instrumento real de formalización.
El dictamen aprobado, que será puesto a consideración del Pleno esta semana, lamentablemente establece la suspensión temporal de los procedimientos administrativos de exclusión del Reinfo hasta la entrada en vigencia de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) o la culminación del proceso de formalización minera integral. Esto deja una fecha indefinida, evidenciando la falta de interés en aprobar una ley MAPE efectiva, prolongando un proceso de “formalización” permanente.
La disposición final del dictamen alarma porque no solo suspende los procedimientos de exclusión en trámite, sino que también impide iniciar nuevos, eliminando la única herramienta que tiene el Estado para hacer cumplir normas ambientales, proteger el patrimonio cultural, resguardar la propiedad y evitar la invasión de concesiones mineras.
Pretender legitimar actividades ilícitas impidiendo que el Estado ejerza su función de control y sanción es totalmente nocivo. Toda actividad minera debe ser fiscalizada, especialmente por los riesgos e impactos asociados. No permitir sanciones ante incumplimientos legales atenta contra la Constitución.
Según reportes del Ministerio de Energía y Minas, apenas quedaban vigentes 22,935 Reinfos (a noviembre último), muchos de los cuales no están asociados a ninguna actividad minera, son duplicados o presentan incumplimientos evidentes. Para avanzar en la formalización es esencial identificar quiénes tienen vocación de ser formales y pueden cumplir con la ley.
Se espera que el Congreso de la República y el Gobierno Central reflexionen profundamente y eviten que se consumen estas medidas que ponen en riesgo el desarrollo y la gobernabilidad del Perú.