El Ministerio de Energía y Minas (Minem) salió al frente este miércoles 17 de julio para aclarar un punto clave del proceso de formalización minera en el Perú: la revisión de los recursos de reconsideración presentados por los productores informales excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no implica una reincorporación automática ni representa un retroceso.
En conferencia de prensa realizada tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del Minem, Jorge Montero, fue claro en afirmar que las más de 50 mil solicitudes serán evaluadas de manera técnica e individual, y solo aquellas que cumplan estrictamente con los requisitos legales podrán ser aprobadas.
“El derecho a presentar un recurso no implica aceptación automática. Cada pedido será examinado con rigurosidad”, sostuvo el ministro.
¿Qué deben saber los mineros informales excluidos del Reinfo?
Según Montero, los 50,565 mineros excluidos tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar su solicitud de reconsideración. Pero esto no garantiza su reincorporación inmediata, ya que deberán demostrar fehacientemente —mediante documentos válidos— que cumplieron con los criterios establecidos en el marco legal vigente.
Esta aclaración responde a las preocupaciones que surgieron en distintos sectores que advertían sobre una posible flexibilización o marcha atrás en el proceso de formalización minera.
El Gobierno busca evitar la minería ilegal, pero reconoce que existen casos de pequeños productores mineros que, por errores administrativos o dificultades logísticas, podrían haber sido excluidos injustamente del Reinfo.
Facilitadores del diálogo: Gobierno actuará como intermediario
En ese mismo contexto, el ministro Jorge Montero anunció que el Ejecutivo también asumirá un rol de facilitador del diálogo entre mineros con inscripción vigente y los concesionarios mineros titulares de terrenos.
El objetivo es resolver los conflictos generados por el uso de tierras y contratos de explotación, donde muchas veces los pequeños productores no tienen capacidad de negociación o respaldo legal.
“Vamos a intermediar como garantes del diálogo”, declaró Montero, destacando que este esfuerzo apunta a fomentar una minería formal y responsable, pero también inclusiva.
Nueva Ley para minería artesanal y pequeñas empresas (MAPE)
Uno de los anuncios más importantes fue que el Gobierno evalúa reemplazar la actual ley MAPE, que regula a la minería artesanal y de pequeña escala, por una norma más acorde con la realidad del sector.
Durante los próximos 60 días, se desarrollarán ocho reuniones técnicas con diversos actores del sector minero informal y en proceso de formalización. La finalidad es construir consensos y propuestas legislativas que reconozcan la importancia económica de la pequeña minería, sin comprometer la sostenibilidad ambiental ni los derechos laborales.
El Minem ha remarcado que esta etapa no es una amnistía ni un retroceso, sino una corrección técnica para evitar injusticias y seguir avanzando hacia una minería formalizada y sostenible.
PCM niega conflicto con Ministerio Público por exclusión en mesa técnica
Otro punto que generó debate fue la ausencia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la instalación de la primera mesa técnica para la formalización minera. Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó cualquier tipo de conflicto con el Ministerio Público.
“Se trata de un espacio técnico de diálogo entre el Ejecutivo y los actores involucrados en el proceso de formalización. No hay ningún tipo de tensión institucional”, explicó Arana, quien reiteró la voluntad del Gobierno de trabajar con transparencia y de forma articulada.
¿Retroceso o oportunidad de corrección?
La posición del Minem es clara: revisar las reconsideraciones no es ceder al desorden, sino corregir errores sin flexibilizar las reglas. La prioridad sigue siendo la formalización progresiva, con apego a la ley y enfoque en los derechos humanos, el medio ambiente y la equidad.
Además, los esfuerzos del Ejecutivo por construir una nueva legislación más realista para el sector MAPE y mediar en conflictos territoriales apuntan a consolidar una política minera moderna e inclusiva.
