La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que propone crear el Registro Nacional de Precedentes, una plataforma digital que reunirá criterios emitidos por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y diversas entidades administrativas.
La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor y una abstención.
El proyecto busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la predictibilidad de las decisiones públicas y facilitar el acceso ciudadano a precedentes vinculantes.
¿Qué propone el Registro Nacional de Precedentes?
Según el dictamen, actualmente los precedentes y jurisprudencia se encuentran dispersos en distintas plataformas sin interoperabilidad ni un sistema unificado de consulta.
Esa situación dificulta la identificación de criterios obligatorios y genera incertidumbre jurídica frente a casos similares.
Por ello, la propuesta plantea crear una plataforma digital única que permita recopilar, ordenar, actualizar y difundir precedentes emitidos por distintas instituciones públicas.
Entre las entidades incluidas figuran el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial del Perú, Indecopi, Ositrán, Osinergmin y Servir.
Registro Nacional de Precedentes busca mayor predictibilidad
Con esta herramienta, jueces, abogados, funcionarios públicos y ciudadanos podrán acceder con mayor facilidad a criterios jurídicos vigentes.
La Comisión de Constitución sostiene que ello permitirá reducir decisiones contradictorias y fortalecer la confianza en las instituciones.
Además, el dictamen señala que la iniciativa contribuirá a disminuir litigios innecesarios y facilitar la resolución de controversias.
Maricarmen Alva respaldó iniciativa
La autora del proyecto, Maricarmen Alva Prieto, afirmó que la propuesta representa un avance hacia un sistema jurídico más moderno, transparente y accesible.
Durante la sesión, la congresista sostuvo que la plataforma permitirá ordenar la información jurídica y facilitar su consulta pública.
Comisión también aprobó decretos sobre seguridad y obras públicas
En la misma sesión, la Comisión de Constitución aprobó informes de control de legalidad de nueve decretos legislativos relacionados con seguridad ciudadana, reactivación de obras paralizadas y homologación de bienes y servicios.
Entre ellos figura el Decreto Legislativo 1579, que autoriza el uso de recursos de canon y sobrecanon para fortalecer la seguridad ciudadana.
También se aprobó el análisis del Decreto Legislativo 1584, vinculado a la reactivación de obras públicas paralizadas.
La comisión concluyó que las normas evaluadas cumplen con los parámetros constitucionales exigidos para su emisión.