Con el objetivo de enfrentar con mayor eficacia el auge de la extorsión y el sicariato en el país, el Poder Ejecutivo ha aprobado el Reglamento del procedimiento específico de otorgamiento de recompensas a la ciudadanía, mediante el Decreto Supremo N.º 097-2025-PCM. Esta medida busca incentivar la denuncia ciudadana y fomentar la colaboración activa con las fuerzas del orden, en casos que involucren a miembros de organizaciones criminales o bandas delictivas.
¿Qué establece el nuevo reglamento sobre recompensas?
El nuevo reglamento establece los mecanismos legales y operativos para que cualquier ciudadano pueda recibir una recompensa económica si proporciona información valiosa que permita la captura de delincuentes vinculados a delitos de extorsión y sicariato. Esto incluye tanto a sujetos plenamente identificados como a aquellos que aún no han sido reconocidos, siempre y cuando la colaboración conduzca a su detención.
La normativa contempla escenarios como la captura de requisitoriados con recompensa ya asignada, agentes descubiertos durante el acto delictivo, o aquellos que huyeron pero han sido identificados posteriormente. Incluso, en casos más complejos, si la información permite identificar a autores hasta entonces desconocidos, el colaborador también puede acceder al beneficio.
¿Cómo se protege la identidad del ciudadano colaborador?
Uno de los aspectos centrales del nuevo reglamento es la protección de la identidad del colaborador, lo cual se logra mediante la asignación de una clave confidencial. Esta clave será gestionada por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y no se adjuntará al expediente del caso. El anonimato del ciudadano informante es considerado fundamental para su seguridad.
El reglamento especifica que la clave será entregada al momento de la comunicación formal entre el ciudadano y la unidad policial correspondiente. Además, el acta con los datos personales del colaborador quedará bajo custodia segura, con el visto bueno del jefe de unidad.
Avance paralelo: impulso a servicios digitales del Estado
En paralelo, el Poder Ejecutivo también modificó el reglamento del Decreto Legislativo N.º 1412, que regula el Gobierno Digital. A través del Decreto Supremo N.º 098-2025-PCM, se busca facilitar una interacción más eficiente entre el ciudadano y las entidades públicas, mediante servicios digitales más seguros, interoperables y coherentes con las normas internacionales.
Estas modificaciones fortalecen aspectos como la identidad digital, la gestión de documentos electrónicos y la seguridad de datos, con el fin de ofrecer servicios públicos más confiables. Se incorporaron nuevos artículos y definiciones clave para lograr una mejor implementación del ecosistema digital del Estado, en línea con las recomendaciones de la OCDE.