La prórroga, que rige desde el sábado 17 de mayo y se extenderá por 30 días, fue anunciada a través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano. La medida abarca los distritos de Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, así como toda la provincia constitucional del Callao.
Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La prórroga también implica restricciones a los derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito, además de la prohibición de circulación de vehículos menores en ciertas categorías.
Sin embargo, la medida ha suscitado críticas de alcaldes de distritos no incluidos, como Felipe Castillo de Los Olivos y Néstor de la Rosa del Rímac. Castillo solicitó que su distrito sea considerado, advirtiendo sobre el riesgo de migración de delincuentes, mientras que De la Rosa lamentó que la “franja de Lima Norte” haya sido “desmantelada” por la exclusión.
La prórroga del estado de emergencia busca abordar la creciente inseguridad, pero también revela la necesidad de una estrategia más integral que incluya a todas las áreas afectadas.
