La fiscalización laboral podría volver a concentrarse en una sola autoridad a nivel nacional. El diputado Carlos Yalta Sotelo presentó un proyecto de ley que plantea que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) asuma la inspección y potestad sancionadora sobre todos los empleadores, sin importar el tamaño de la empresa o su ubicación.
La iniciativa surge luego del vencimiento de la Ley N.º 30814, que durante ocho años permitió que Sunafil asumiera temporalmente la inspección laboral de las microempresas. La norma dejó de estar vigente el 10 de julio de 2026 y, desde el 11 de julio, los gobiernos regionales retomaron esa competencia.
El Proyecto de Ley N.º 00271-2026-2031-CD, presentado por Yalta, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, busca modificar nuevamente este esquema.
Sunafil: una sola autoridad inspectiva
La propuesta plantea que Sunafil ejerza la inspección laboral y la potestad sancionadora sobre los empleadores a nivel nacional, sin diferenciar por número de trabajadores, tamaño de la empresa o territorio.
El planteamiento parte de la actual distribución de competencias tras el vencimiento de la Ley 30814. Durante el periodo de transición, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Sunafil establecieron medidas para garantizar la continuidad de los procedimientos vinculados con las microempresas.
Entre esas medidas estuvo el traslado a los gobiernos regionales del acervo documentario correspondiente a denuncias, órdenes de inspección, actas de infracción y procedimientos administrativos sancionadores.
Según Yalta, mantener distintas autoridades fiscalizadoras dependiendo del tamaño de la empresa genera una división en el sistema de inspección laboral. Su proyecto plantea establecer una autoridad nacional especializada, con criterios técnicos y reglas comunes.
¿Qué pasaría con los gobiernos regionales?
La iniciativa no plantea eliminar las funciones de los gobiernos regionales en materia laboral. Estos conservarían tareas vinculadas con la prevención, orientación y promoción de los derechos laborales, además de capacitación, formalización, identificación de riesgos y canalización de denuncias.
La propuesta busca, de acuerdo con su autor, separar las funciones de prevención y promoción de aquellas relacionadas con la inspección y la sanción.
De aprobarse, Sunafil concentraría la labor fiscalizadora y sancionadora, mientras que los gobiernos regionales mantendrían un papel principalmente preventivo y de orientación.
Atención prioritaria a casos graves
El proyecto también establece atención prioritaria para determinados casos considerados de especial gravedad. Entre ellos figuran los accidentes graves o mortales, trabajo forzoso, trabajo infantil prohibido, vulneraciones graves de derechos fundamentales, discriminación, hostigamiento sexual, represalias y obstrucción de la labor inspectiva.
La iniciativa también contempla un régimen especial para el personal que fue transferido a Sunafil durante la vigencia de la Ley 30814.
De acuerdo con la propuesta, estos trabajadores podrían incorporarse a la entidad siempre que hayan ingresado mediante concurso público, cumplan las condiciones previstas y expresen voluntariamente su decisión de continuar en Sunafil.
El debate sobre la fiscalización laboral
El proyecto coloca nuevamente en el centro del debate la distribución de competencias entre Sunafil y los gobiernos regionales. Su eventual aprobación implicaría un cambio en el esquema que comenzó a regir tras el vencimiento de la Ley 30814 y concentraría en una entidad nacional la inspección y la potestad sancionadora.
La propuesta deberá seguir ahora el procedimiento parlamentario correspondiente antes de una eventual aprobación.