El Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) pagó una indemnización superior a los 10 millones de dólares a una empresa privada tras perder un arbitraje internacional debido a una resolución indebida de contrato. Esta situación ha provocado la paralización de proyectos clave que buscaban conectar más de 400 comunidades rurales de Piura y Tumbes con acceso a Internet de alta velocidad, afectando servicios de educación, salud y seguridad ciudadana.
Indemnización millonaria por fallo arbitral: impacto económico para el Estado
La Contraloría General de la República reveló que PRONATEL realizó un pago de US$ 10,028,467 a una empresa tras perder un proceso arbitral internacional ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París. Seis funcionarios y servidores públicos de la entidad enfrentan presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado al Estado peruano.
El laudo arbitral determinó que PRONATEL resolvió indebidamente un contrato de financiamiento no reembolsable, que superaba los 98.5 millones de dólares y estaba orientado a llevar servicios de banda ancha a zonas rurales.
Proyectos paralizados dejan sin Internet a más de 400 comunidades rurales
Los proyectos afectados tenían como objetivo garantizar el acceso a Internet de alta velocidad a 422 comunidades rurales en Piura y Tumbes, beneficiando también a 428 colegios públicos, 254 establecimientos de salud y 35 comisarías. La paralización ha impedido la instalación de la infraestructura necesaria para la conectividad integral y el desarrollo social en estas zonas.
Esta falta de acceso a Internet impacta directamente en la educación virtual, el acceso a servicios de salud digitales y la seguridad ciudadana, limitando las oportunidades de desarrollo para miles de ciudadanos.
Problemas en la ejecución y ampliaciones de plazo negadas
Durante la ejecución del contrato, PRONATEL aprobó seis ampliaciones de plazo para la empresa contratada, cinco de ellas debido a problemas relacionados con la adquisición de terrenos para instalar los nodos del proyecto, situación atribuible a dificultades legales y rechazo de la población local.
A pesar de reconocer esta problemática como no imputable a la empresa, PRONATEL denegó una séptima solicitud de ampliación fundamentada en las mismas razones, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales en un plazo máximo de 15 días bajo amenaza de resolver el contrato.
Para entonces, la fase correspondiente a la Red de Transporte presentaba un retraso de 248 días, mientras que la Red de Acceso acumulaba 186 días de demora.
Demanda arbitral y fallo contra PRONATEL
Ante la negativa, la empresa inició un proceso arbitral en mayo de 2019 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y presentó formalmente su demanda en febrero de 2021, argumentando incumplimiento contractual y la negativa injustificada de una última ampliación de plazo.
En agosto de 2022, el tribunal arbitral emitió un laudo a favor de la empresa, ordenando el pago de indemnización por lucro cesante y los intereses acumulados desde la resolución del contrato.
Entre octubre de 2024 y enero de 2025, PRONATEL cumplió con esta obligación financiera, lo que representa un importante perjuicio económico para el Estado.
Consecuencias para la conectividad rural y desafíos futuros
Este caso evidencia fallas graves en la gestión y supervisión contractual de PRONATEL, afectando proyectos que son estratégicos para cerrar la brecha digital en zonas rurales del Perú.
La paralización de estos proyectos limita el acceso a servicios básicos y esenciales para la educación, salud y seguridad, y genera un retroceso en los objetivos de desarrollo social vinculados a la expansión de la conectividad.
La Contraloría ha señalado la presunta responsabilidad civil de seis funcionarios, quienes deberán responder por el daño económico ocasionado, y resalta la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia en la ejecución de contratos públicos en telecomunicaciones.
Mejoras necesarias para garantizar la expansión de Internet en zonas rurales
La conectividad en zonas alejadas del país es fundamental para promover el desarrollo inclusivo y reducir desigualdades. Este caso destaca la urgencia de implementar mejores mecanismos de gestión y seguimiento en proyectos públicos, así como protocolos claros para la resolución de conflictos contractuales.
Es indispensable que el Estado fortalezca la supervisión de sus entidades y promueva la transparencia para evitar futuros perjuicios económicos y garantizar que las inversiones públicas en infraestructura tecnológica se traduzcan en beneficios reales para la población.