La Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú aprobó por unanimidad la presentación de una propuesta legislativa que modifica la Ley 30877, Ley General del Bodeguero, con el objetivo de brindar mayor seguridad y equidad a los emprendedores del sector. La iniciativa busca corregir vacíos normativos que afectan a miles de bodegueros en el país, quienes enfrentan problemas como la extorsión, la informalidad y la competencia desleal.
La presidenta de la Comisión, congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País), explicó que entre las principales medidas de la propuesta está la obligación de todas las comisarías del país de recibir denuncias por extorsión, lo que permitirá a las víctimas acceder a una respuesta más inmediata. Actualmente, las denuncias solo se reciben en la sede central del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), lo que se ha convertido en una barrera para muchos afectados.
Otra de las propuestas clave es que los bodegueros puedan acceder a los sistemas municipales de videovigilancia, un recurso del que actualmente están excluidos, a pesar de ser uno de los sectores más vulnerables a la delincuencia. Además, se plantea eliminar las restricciones municipales que impiden a las bodegas operar las 24 horas, lo que crea una competencia desigual frente a grandes cadenas comerciales que sí pueden ofrecer este servicio continuo.
La congresista Amuruz enfatizó que este proyecto responde a la urgente necesidad de nivelar la cancha para los pequeños emprendedores que sostienen la economía local. Señaló que las micro y pequeñas empresas (Mypes) representan el 95% del tejido empresarial del país y generan más de 10 millones de empleos directos. Sin embargo, la creciente inseguridad y las extorsiones han provocado el cierre de más de 233,000 Mypes en 2024, afectando principalmente al sector de las bodegas.
