Al 2023, de los más de 87,000 operadores mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), más de 70,000 se encuentran suspendidos y 15,000 están en proceso, aunque sin posibilidad de cumplir los requisitos, lo que evidencia la persistente condición de ilegalidad en el sector, advirtió el Grupo de Trabajo Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) de la Red Muqui.
Frente a esta problemática, dicho Grupo de trabajo presentó la Agenda sobre Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), un documento que reconoce que el problema es complejo y no se pretende generalizar ni estigmatizar a los actores locales involucrados y, por el contrario, busca proponer políticas públicas orientadas a enfrentar los retos de este sector y fomentar alternativas sostenibles. Entre las principales propuestas destacan la implementación de un ordenamiento territorial con enfoque ecosistémico y de cuenca, priorizando la protección de cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles, a través de un proceso participativo, descentralizado y vinculante que respeta los derechos.
Asimismo, se propone una nueva política de concesiones mineras que revise el sistema actual para garantizar el derecho a la consulta y salvar zonas sensibles, permitiendo también un adecuado aprovechamiento de los recursos. También se enfatiza en el fortalecimiento institucional, incrementando las capacidades de los Gobiernos Regionales y organismos como el OEFA para un control más efectivo y la sanción de actividades ilegales.
La agenda promueve el uso de tecnologías limpias y prácticas sostenibles en la minería formalizada, reduciendo el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, y priorizando la remediación de microcuencas contaminadas. Asimismo, erradicar el trabajo infantil, la trata de personas y asegurar condiciones laborales dignas para los trabajadores mineros.
Para Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, este documento representa un punto de inicio para un diálogo más amplio y participativo. “Este documento debe ser el punto de partida para un debate profundo y constructivo. No pretende ser una receta final, sino un marco para discutir la revisión y modificación del sistema legal, adaptándolo a la realidad de la minería artesanal. Es fundamental revisar temas como las concesiones mineras, donde las decisiones siguen tomándose desde Lima sin incluir procesos de consulta previa. La minería artesanal debe enmarcarse dentro de un enfoque de ordenamiento territorial”, dijo.
Borda también resaltó la importancia de fortalecer las capacidades locales para una gestión más efectiva: “Los gobiernos regionales tienen un rol protagónico que debe ser respaldado con mayores facultades y presupuesto. No podemos seguir priorizando exclusivamente a la minería como motor económico; actividades como la agricultura también deben impulsarse, ya que representan una alternativa sostenible para las comunidades”, añadió.
Sobre la reciente ampliación del REINFO por parte del Congreso, Nury García de la Red Muqui, enfatizó que la solución de la informalidad e ilegalidad de la MAPE, no pasa por seguir ampliando el REINFO. “En su lugar se debe fortalecer a las instancias competentes para llevar a cabo un adecuado proceso por la vía ordinaria de formalización minera. Esto con la urgente necesidad de reformular el régimen de concesiones mineras, de un ordenamiento integral y comunitario que incluya la consulta a los pueblos indígenas u originarios, la intangibilidad de las Áreas Naturales Protegidas y Reservas Indígenas”, sostuvo.
Por su parte Javier Jahncke, de la Comisión Episcopal de Acción Social, lamentó que el país se encuentre inmerso en una cultura de ilegalidad que va desde el Ejecutivo, Legislativo y actividades económicas ilegales que han ganado terreno en los últimos años como la minería, tala ilegal, narcotráfico, entre otros. El especialista citó un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) en la que se destacó que las economías ilegales han ganado cada vez más espacio en el país y se estima que para este año muevan en conjunto $12,645 millones, siendo la principal la minería ilegal de oro, que movería $6,840 millones.
Pese al creciente problema, lamentó y cuestionó que el Estado apenas invierta S/0.49 centavos por cada S/100 para combatir la minería ilegal.
Por su parte, Carlos Alberto Castro, de Propuesta Ciudadana, dijo que es importante tomar en cuenta la institucionalidad local al momento de plantear soluciones a la MAPE. En el evento también participó Dante Sejekam, líder indígena de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, José Bringas Aceijas, en representación de SPDA.