La protesta de transportistas de la empresa El Rápido terminó este lunes bloqueada en el norte de Lima. Decenas de buses que partieron desde San Martín de Porres con destino al Congreso de la República fueron detenidos por un operativo de la Policía Nacional del Perú en los cruces de Palao y Habich, en plena Panamericana Norte. La movilización se había convocado tras el asesinato de un conductor del sector, ocurrido el último fin de semana, y buscaba exigir mayores garantías de seguridad frente al avance del crimen organizado.
Desde las primeras horas del día, las unidades paralizaron su servicio regular en la ruta Carabayllo–Magdalena y avanzaron en caravana por una de las principales vías de Lima Norte. El objetivo era llegar hasta el Congreso de la República y visibilizar la situación de violencia que enfrentan los trabajadores del transporte público, uno de los sectores más golpeados por las extorsiones y ataques armados.
Operativo policial en Lima Norte
La movilización fue detenida por un contingente policial encabezado por el general Óscar Arriola, quien dispuso que los conductores descendieran de sus unidades mientras los agentes registraban las placas de los vehículos. Según los transportistas, el procedimiento se realizó sin que se les explicaran de manera clara las razones de la intervención.
El bloqueo impidió que la caravana continuara su recorrido hacia el Cercado de Lima. Para la Policía, la medida respondió a la necesidad de evitar la obstrucción del libre tránsito en una vía de alto flujo vehicular. Para los manifestantes, en cambio, se trató de una acción que buscó frenar una protesta pacífica motivada por la inseguridad.
Detenciones y retiro de unidades
En otro punto de la Panamericana Norte, un conductor de la empresa fue detenido durante un operativo liderado por el coronel Juan Carlos Montúfar. La Policía informó que la intervención se realizó por el presunto delito de disturbios y reiteró que no se permitirá el bloqueo de carreteras, aun cuando se trate de manifestaciones.
El retiro de varias unidades se efectuó con apoyo de grúas, lo que generó momentos de tensión entre los choferes y los efectivos policiales. Algunos transportistas increparon a las autoridades por la falta de acciones preventivas frente a los ataques armados, señalando que el Estado actúa con rapidez para sancionar protestas, pero no para frenar la violencia criminal.
Multas y reclamos de los transportistas
Además de las detenciones, agentes de la Policía de Tránsito impusieron multas por infracción a conductores que permanecían detenidos con sus unidades en la vía pública. Las sanciones se aplicaron bajo el argumento de obstrucción del tránsito.
Los transportistas, sin embargo, sostuvieron que fueron obligados por los propios efectivos a permanecer en el lugar, como parte del cerco policial que impedía el avance de la caravana. “Nos detienen, nos multan y nos exigen circular, pero al mismo tiempo no nos dejan movernos”, reclamó uno de los conductores durante la protesta.
El asesinato que detonó la protesta
La movilización tuvo como detonante el asesinato de un conductor de la empresa JC Bus, ocurrido el sábado 14 de febrero en el distrito de San Martín de Porres. Según la información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el chofer cuando circulaba por el cruce de las avenidas Próceres y Universitaria. La víctima falleció tras recibir varios impactos de bala.
El crimen generó alarma entre los transportistas de la zona, que denuncian ser blanco constante de extorsiones, amenazas y ataques armados. Tras el hecho, El Rápido anunció la suspensión de sus servicios al considerar que no existen condiciones mínimas de seguridad para operar.
Solidaridad y paralización parcial
Otras empresas del sector se sumaron al llamado “apagado de motores” en señal de solidaridad. Entre ellas figuran La 50 va Contigo, ET Guadalfo Silva y ET Pesquero, cuyos trabajadores también denuncian el incremento de la violencia criminal en sus rutas.
La paralización parcial del servicio afectó a miles de usuarios en Lima Norte, evidenciando el impacto que la inseguridad tiene no solo en los trabajadores del transporte, sino también en la vida cotidiana de la ciudad. Los gremios del sector han advertido que, de no adoptarse medidas concretas, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Seguridad en agenda pendiente
El episodio vuelve a poner en debate la crisis de seguridad ciudadana y la vulnerabilidad del transporte público frente al crimen organizado. Mientras el Gobierno insiste en operativos policiales y controles en las vías, los transportistas reclaman una estrategia integral que ataque las redes de extorsión y garantice protección efectiva para quienes trabajan en las calles.
Por ahora, la protesta de El Rápido quedó contenida en Lima Norte. Pero el malestar en el sector persiste, al igual que la presión para que el tema de la seguridad llegue, esta vez sin bloqueos, a la agenda política del país.