Poder Judicial ordena suspensión de demoliciones en San Juan de Miraflores para proteger a pobladores afectados

Le medida dictada por la Corte Superior de Justicia de Lima, detiene los trabajos por la liberación de vías de la obra “Ampliación del servicio de movilidad urbana en la Prolongación Vía Expresa Paseo de la República, tramo Av. República de Panamá - Panamericana Sur”.

por Edgar Mandujano

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha dictado una medida cautelar contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para proteger a los pobladores afectados por la liberación de vías de la obra “Ampliación del servicio de movilidad urbana en la Prolongación Vía Expresa Paseo de la República, tramo Av. República de Panamá – Panamericana Sur”.

Contexto de la Decisión
La medida cautelar se centra en las irregularidades de las demoliciones de viviendas en el Asentamiento Humano Luis Felipe de las Casas Grieve II, ubicado en San Juan de Miraflores. La decisión busca salvaguardar los derechos de los residentes, quienes han estado en vigilia durante dos meses para defender sus hogares.

Disposiciones de la Medida Cautelar
La resolución del 3er Juzgado Constitucional ordena a la MML no aplicar la “medida correctiva” de demolición, ya sea total o parcial, como medida provisional en viviendas ocupadas. Esto se fundamenta en el artículo 16 de la Ordenanza N° 2200, modificada por la Ordenanza N° 2666, publicada el 26 de octubre de 2024.

Reivindicación de Derechos
Los pobladores han presentado su solicitud de medida cautelar el 20 de noviembre de 2024, argumentando su condición de propietarios desde 1987, cuando adquirieron sus terrenos mediante contratos de transferencia de posesión. Señalan que sus viviendas fueron construidas de acuerdo con los planos aprobados por la MML y COFOPRI. Además, subrayan que el uso de sus terrenos es residencial y que la MML no ha evaluado adecuadamente la viabilidad de las acciones tomadas, ya que las presuntas irregularidades datan de más de 30 años.

Esta decisión representa un avance significativo en la lucha de los pobladores por el reconocimiento de sus derechos y la preservación de sus viviendas.

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