La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó ante delegaciones de la Unión Europea, América Latina y el Caribe los avances del Perú en la lucha contra el crimen organizado, durante el Encuentro Anual del PAcCTO 2.0. En su intervención, subrayó el éxito del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio, que desde su creación en 2019 ha permitido recuperar más de 172 millones de dólares en bienes ilícitos para el Estado. Este mecanismo —dijo— es una herramienta clave para atacar las estructuras económicas de las mafias, incluso cuando los procesos penales tradicionales no avanzan.
Tello también informó que, entre enero y mayo de este año, el Poder Judicial resolvió más de 24 mil procesos relacionados al crimen organizado en las 35 cortes superiores del país. Además, recordó que en años anteriores las cifras también fueron significativas: más de 63 mil casos en 2022, 71 mil en 2023 y 67 mil en 2024. “Estas estadísticas no solo revelan el volumen de criminalidad que enfrentan jueces y juezas, sino el firme compromiso institucional con una respuesta oportuna y efectiva”, afirmó.
No obstante, la magistrada advirtió que recientes decisiones legislativas podrían debilitar seriamente esta lucha. En particular, expresó su preocupación por la aprobación de la Ley 32326, que introduce cambios sustanciales a la Ley de Extinción de Dominio. Según Tello, esta modificación contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, se aleja de estándares como los del GAFI, y podría afectar negativamente la imagen del país ante organismos multilaterales y procesos de integración como el ingreso a la OCDE.
Finalmente, la presidenta del Poder Judicial hizo un llamado a las autoridades a abrir un debate técnico y responsable sobre la continuidad y efectividad de las herramientas jurídicas del Estado frente al crimen organizado. “La extinción de dominio no puede debilitarse por decisiones políticas sin sustento técnico. Tenemos que reafirmar el compromiso con una justicia coherente y firme, que proteja los derechos fundamentales y asegure que el crimen no siga financiando impunidad”, concluyó.